PLAN DE TRABAJO DE FECODE

 

INTRODUCCION.

 

ACCIONES	FECHAS	RESPONSABLES
Encuentro departamental  de Personeros y consejos estudiantiles.	Primer semestre/09	Comité Ejecutivo, Sindicatos Filiales, Escuela Sindical.
Mantener y actualizar la Base de Datos de mínimo 100 personas capacitadas para el trabajo pedagógico, según especialidades y temas de formación, con fundamentos en las fichas técnicas y la labor que hayan cumplido como multiplicadores.	Primer semestre de 2009	Comité Ejecutivo de FECODE, Escuela Sindical FECODE y Escuela Departamental.
Recolección y sistematización de datos relacionados con la educación contratada.	Primer semestre de 2009	Comité Ejecutivo, Sindicatos Filiales y Escuela Sindical.
Seminario Interno del Comité Ejecutivo para conformación de equipos de trabajo y elaboración de ejes temáticos.	23- 24 Enero de 2009	Comité Ejecutivo
Presentación del Pliego de Peticiones de FECODE	28 de Enero de 2009	Comité Ejecutivo
Seminario Nacional de Estatuto Único de la Profesión Docente.	30 de enero de 2009	Comité Ejecutivo. Abogados Asesores Universidades
Diagnóstico de los planes de las Escuelas de Formación de los sindicatos departamentales y su funcionamiento. Plantillas de Integrantes e Instructores.	Enero 31 de 2009	Comité Ejecutivo y equipos Integrados de Trabajo.
Seminarios Departamentales: Cauca – Putumayo – Nariño – Amazonas – Guaviare – Guainía – Vichada – Caquetá.	6 – 7 de Febrero de 2009	Comité Ejecutivo y Equipos Integrados de Trabajo.
Evento Nacional con Presidentes y Responsables de Escuela Sindical.	9 de Febrero de 2009	Comité Ejecutivo y Equipos Integrados de Trabajo.
Diseño y producción de Cartilla, plegable y otros documentos, sobre unidad sindical sectorial, promoción sindical y bloques temáticos de formación	Febrero 10/09	Comité Ejecutivo de FECODE, Escuela sindical FECODE
Huila – Tolima – Meta – Santander – Norte Arauca – Cesar – Córdoba	13 – 14 Febrero de 2009	Comité Ejecutivo y Equipos integrados de trabajo.
Bolívar– Sucre – Guajira – San Andres – Atlántico – Magdalena – Cundinamarca – Casanare.	20 – 21 Febrero de 2009	Comité Ejecutivo y Equipos integrados de trabajo.
Valle – Caldas – Risaralda – Quindío – Antioquia – Chocó – Boyacá – Vaupés	27 – 28 Febrero de 2009	Comité Ejecutivo y Equipos integrados de trabajo.
Elaboración Proyecto de Formación que integre la perspectiva de género.	Febrero 28 – Marzo 6 de 2009	Escuela de Formación Sindical.
Recolección y sistematización de datos para calcular el valor de la nómina de los maestros por municipio y el valor girado  a girar a los municipios una vez certificados	Febrero a Junio 2009	Comité Ejecutivo y Escuelas sindicales departamentales
Día Internacional de la Mujer	8 de marzo de 2009	Comité Ejecutivo y Secretaría de la Mujer
Primera muestra artística y cultural nacional de educadores, artistas, poetas, pintores, músicos.	23 – 24 y 25 de Marzo de 2009	Comité Ejecutivo
Conmemoración 50 años de FECODE	24 de  Marzo. De 2009	Comité Ejecutivo
Realización de diez (10) Seminarios de dos días para 40 participantes, totalizando 1450 beneficiarios, correspondientes al Bloque Temático y actividades 2009 (Anexo fechas de cada uno)	Marzo – Septiembre de 2009	Ejecutivo de FECODE, Escuela Sindical FECODE y Escuelas Departamentales.
II Encuentro de la Mujer Educadora	Abril 24 y 25 de 2009	Comité Ejecutivo y Secretaría de la Mujer
Foros Sociales Educativos Municipales	Abril  - Mayo de 2009	Comité Ejecutivo y Juntas Directivas Regionales.
Organización y Proyección de actividades que promulguen y defiendan los derechos humanos	Abril – Noviembre de 2009	Comité Ejecutivo de FECODE y Comisión de Derechos Humanos.
Encuentros Departamentales de Educadores del 1278	Abril de 2009	Comité Ejecutivo y Juntas Directivas Departamentales
Encuentro Nacional de Educadores del 1278	Mayo de 2009	Comité Ejecutivo y Juntas Directivas Regionales
Foros Sociales Educativos Departamentales (Concentraciones Departamentales)	Junio – Julio de 2009	Juntas Directivas de los Sindicatos Filiales
Seminarios y Talleres Regionales sobre Derechos Humanos	Segundo Semestre del año 2009	Comité Ejecutivo de ECODE y Comisión de Derechos Humanos.
Proceso de unidad de los sindicatos del sector educativo.	Segundo semestre de 2009	Comité Ejecutivo y Escuela de Formación Sindical.
Encuentro Nacional de DDHH. Homenaje a los maestros asesinados	Segundo Semestre 2009	Comité Ejecutivo y Comité de DDHH de FECODE
Movilizaciones de respaldo a los Proyectos de Ley Estatuto Salud	2º Semestre Comité Ejecutivo define fecha	Comité Ejecutivo
Realización del III Encuentro Nacional por Derechos Humanos, por la Verdad, la Justicia y la Reparación.	Segundo Semestre del año 2009.	Comité Ejecutivo de FECODE y Comisión de Derechos Humanos
Reunión de Direcciones Nacionales de los Sindicatos del Sector Educativo (CNTEC)	Segundo Semestre de 2009	Comité Ejecutivo de FECODE y Escuela de Formación Sindical.
Foro Social Educativo Nacional	3 – 4 y 5 Agosto de 2009	Comité Ejecutivo
Radicación de los Proyectos de Ley Estatuto Único de la Profesión Docente	5 de agosto de 2009	Comité Ejecutivo
Toma de Bogotá por el Magisterio Colombiano.	5 de Agosto de 2009	Comité Ejecutivo
Lobby Parlamentario	Agosto – Septiembre Octubre – Noviembre – Diciembre de 2009	Comité Ejecutivo y Direcciones Regionales.
Encuentro Nacional de Personeros y Consejeros Estudiantiles.	11 de septiembre/09	Comité Ejecutivo, Secretaría de Educación y Organización y Secretaría de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia.
Encuentro Nacional de Autoridades y Dirigentes Sociales sobre Ley Estatutaria por el derecho a la Educación de Calidad (Congreso de la República, Secretarías de Educación, Universidades, Investigadores, FECODE).	Septiembre de 2009	Comité Ejecutivo.
Foro Nal. de Unidad Sindical (Presidentes y Srios. de sector educativo y los otros sectores afines a la educación y comité ejecutivo de FECODE y CUT	17 de septiembre 2009	Comité Ejecutivo y Secretaría.de Educación y Organización Sindical de FECODE, CUT y sindicatos del sector educativo.
Convocatoria de los Primeros Juegos Nacionales del Magisterio	Octubre de 2009	Comité Ejecutivo
Realización de  una reunión nacional de coordinación de la escuela nacional de Formación, con asistencia de coordinadores departamentales, para evaluación y proyección del trabajo.	30 y 31 de octubre de 2009	Comité Ejecutivo de FECODE, Escuela sindical FECODE  y escuelas dptales
Teleconferencias sobre Estatuto Único de la Profesión Docente y Ley de Salud.-	Todo el año Comité Ejecutivo define fechas.	Comité Ejecutivo
Campaña Nacional Coyuntura Electoral Congreso de la República	Enero – Marzo 2010	Comité Ejecutivo y Juntas Directivas Regionales.
Coyuntura Electoral por la Presidencia de la República	Enero – Mayo 2010	Comité Ejecutivo y Juntas Directivas Regionales.
Finales de los I Juegos Interdocentes.	Octubre de 2010.	Comité Ejecutivo
Congreso Pedagógico Nacional	Noviembre 2010.	Comité Ejecutivo
XIX Congreso de FECODE:	Mayo – 2011.	Comité Ejecutivo
8 Talleres fortalecimiento sindical de las maestras.	Según convenio.	Comité Ejecutivo y Secretaría de Asuntos de la Mujer, y equipo de trabajo.

Fortalecimiento de las comunicaciones de FECODE	Por definir	Comité Ejecutivo Comisión de Prensa Equipo periodístico Secretaría de Prensa

 

DECLARACIÓN POLÍTICA DE FECODE

 

El mundo actual se encuentra estremecido por una profunda crisis económica de carácter estructural, no sólo financiera, que es consecuencia de los modos de producción y expansión del sistema capitalista.  Engloba a su vez otras crisis, como la energética, la alimentaria y la climática. La situación financiera actual es el reflejo de un modelo económico en el que es mejor negocio especular financieramente que producir bienes reales. Ésta no es una más de las crisis cíclicas del capitalismo; es mucho más profunda, pues además de la inevitable sobreproducción que conlleva el capitalismo, significa la explosión de un modelo económico que ha detenido la producción. Esta crisis es, en fin, el fracaso del modelo desde el punto de vista económico, ideológico y político.

 

A esta evidente crisis debe corresponder la más amplia lucha y movilización social en aquellos países donde quienes malgobiernan insisten en su aplicación, pero también la mayor vigilancia en aquellos donde la población ha elegido gobiernos democráticos y de corte social.

 

En nuestro país los efectos de la crisis mundial recién comienzan a sentirse, pero son más devastadoras las consecuencias de una profunda crisis doméstica que tiene ingredientes políticos y económicos, por cuenta de la imposición de una política estatal dedicada exclusivamente a favorecer los intereses del gran capital y construida sobre la “seguridad democrática” y el “estado comunitario”. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez no ha dudado en acudir a la violencia para imponer su política sirviéndose de un poderoso aparato paramilitar creado inicialmente para enfrentar la expansión guerrillera pero que terminó convirtiéndose en una pavorosa maquinaria de exterminio contra el pueblo. Este aparato contó con el soporte financiero del narcotráfico y del establecimiento. Tal política ha llegado al extremo de secuestrar jóvenes de las barriadas humildes para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros o paramilitares eliminados en combate, con lo cual los militares consiguen ascensos, condecoraciones y recompensas, crímenes que desde Fecode hemos denunciado y condenado siempre.

 

El otro lado de la crisis lo constituye el colapso de las empresas dedicadas a la captación de dineros bajo el señuelo de otorgar jugosas ganancias, que creció al amparo de las políticas estatales de “confianza inversionista”. Los banqueros uribistas, dueños de las pirámides legales, empujaron a su jefe a derribar de un plumazo las pirámides “ilegales” con lo cual dejaron en la ruina a millones de colombianos. Con sus economías a punto de derrumbarse, los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo soportan a diario airadas movilizaciones de sus pobladores defraudados y desamparados por el Estado central.

 

En medio del panorama desolador de la economía y de la crisis social, surge como hecho esperanzador la reactivación de la movilización social, animada por los sectores más golpeados con la política neoliberal, como los trabajadores sindicalizados, los indígenas, los corteros de la caña de azúcar, los estudiantes de las universidades públicas, los empleados estatales y, por supuesto, los educadores aglutinados en la Federación Colombiana de Educadores. Ha sido FECODE la organización que más ha logrado preservar su capacidad de convocatoria, enarbolando las banderas históricas de la defensa de la educación pública y de los intereses y derechos de los maestros colombianos. Las batallas dadas por nuestra Federación contra la política de privatización de la educación pública generada a partir de los brutales recortes de las transferencias de recursos presupuestales de la Nación a las entidades territoriales, si bien no han dado aún el esperado fruto de reversar esos recortes, han puesto en la palestra pública el debate sobre los desastrosos efectos de la mal llamada “revolución educativa” de Uribe y su ministra Cecilia María Vélez. La construcción de megacolegios con recursos públicos para entregarlos en concesión a negociantes privados, la entrega de la contratación de maestros a oferentes particulares en varios departamentos, la fusión de colegios para suprimir cargos de directivos, docentes y funcionarios administrativos, la imposición de la promoción automática de estudiantes para ahorrar gastos en repitentes con lo cual se ha echado al suelo la calidad de la educación, el hacinamiento de estudiantes en las aulas para conseguir ahorro de recursos, la disminución de los percápitas estudiantiles, y muchas otras medidas expedidas al amparo de esta política, han recibido expresiones de repudio no sólo del magisterio sino también de los estudiantes, los padres de familia y diversos sectores sociales que ven en ellas una clara manifestación de la intención de desmontar la educación pública.

 

La defensa del régimen especial de los docentes en materia pensional y de sistema de salud, el rechazo a la desprofesionalización de la docencia y la eliminación de la estabilidad laboral contenidas en el decreto 1278 de 2002, el arrasamiento de derechos laborales, profesionales y sindicales conseguidos durante 50 años de existencia de la Federación, y la lucha por un Estatuto Docente Nacional Unificado, son elementos que animan a los maestros colombianos a continuar por la senda de la movilización y la resistencia contra las políticas del régimen uribista, y por ello constituyen los ejes de la acción que FECODE continuará liderando durante los próximos años, bajo la dirección del Comité Ejecutivo recientemente elegido por los maestros colombianos.

 

La Junta Nacional de FECODE, reunida en Bogotá el 28 de noviembre de 2008, hace un llamado al magisterio colombiano a cerrar filas en torno a su máxima organización y a las tareas que ella trace para el inmediato futuro, y exhorta al pueblo colombiano a acompañarnos en estas batallas, en el entendido de que la defensa de la educación pública es una lucha democrática que involucra no sólo a los maestros sino al conjunto de la población destinataria de este derecho.  Creemos que aunque el modelo neoliberal proimperialista se sumerge en su más profunda crisis, tanto a nivel nacional como internacional, ésta no se resolverá por sí sola, sino que es indispensable la más amplia unidad de todos los sectores verdaderamente democráticos y patrióticos para generar el más poderoso movimiento que acelere el derrumbe del sistema y dé paso a la construcción de una nueva sociedad, más justa y más humana.

 

JORNADA LABORAL DOCENTE, JORNADA ESCOLAR, ASIGNACIÓN ACADÉMICA, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DESCANSO PEDAGÓGICO.

 

 

 

POR: ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO – ASESOR EXTERNO DE: FECODE - ADIDA – ADEC – ADEM – ARCODEN – ASDIDOC – ASISAP – ASODEVI – ASODIM – SEG – SUDEA – SINDEVA - SINDODIC.- ASODIC -  Bogotá, 22 de julio de 2008.

 

INTRODUCCIÓN: SOBRE LA INSUBSISTENCIA DEL DECRETO 1850 DE 2002

 

Ante la interpretación del Decreto 1850 de 2002 que se viene haciendo en todo el país, calumniando el texto de la norma, se hace necesario unificar unos criterios jurídicos, administrativos y pedagógicos, con el objeto de lograr la armonía en el trabajo institucional, sin perjudicar los derechos de los estudiantes ni negar los derechos de los docentes, dentro de aquel marco normativo.

Con ese propósito se presenta a continuación un estudio jurídico sobre la aplicación de aquella disposición, buscando que se logre un entendimiento en cada institución educativa aplicando el texto del Decreto Nacional 1850 de 2002 y interpretaciones ajenas a su contenido material.

En todo caso, no se trata de promover acciones individuales o anárquicas al respecto, sino ofrecer elementos de convicción, los cuales pueden permitir aplicar las seis (6) horas de permanencia en la institución educativa por parte de los docentes, sin que ello implique estar obrando en contra de la ley.

 

Por las razones expuestas, es recomendable que los alcaldes, secretarios de educación, asociaciones de padres de familia, consejos estudiantiles y organizaciones sindicales de los docentes, realicen un juicioso estudio de la situación, hacer reflexiones jurídicas y pedagógicas y adoptar unas decisiones de común acuerdo, para bien de los estudiantes colombianos y el respeto del Estado social de derecho.

 

 

 

1.     LA JORNADA LABORAL DE LOS DOCENTES, SEGÚN EL DECRETO 1850 DE 2002

 

 

Obviando la discusión sobre la insubsistencia del Decreto 1850 de 2002 y suponiendo que la mencionada norma esté conforme con el ordenamiento jurídico, la jornada laboral de los docentes es de ocho horas. Así lo establece el artículo 9 ibídem.

 

2.     ¿CÓMO DEBE CUMPLIRSE LA JORNADA LABORAL DOCENTE?

 

La jornada laboral docente se debe cumplir en dos formas: seis horas, como mínimo en la jornada escolar y el resto del tiempo en actividades complementarias, para ajustar ocho (8) horas (artículo 11 del Decreto Nacional 1850 de 2002).

 

El elemento normativo mínimo respecto de la jornada escolar debe entenderse de la siguiente forma:

 

2.1.           Que el docente debe asumir la asignación académica durante la jornada escolar, de seis horas.

2.2.           Que hay actividades no académicas que deben cumplirse necesariamente en la institución educativa, tal es el caso de la dirección u orientación de estudiantes, actividad que no es de carácter académico pero que debe cumplirse dentro de la jornada escolar.

2.3.           Lo anterior es posible porque la jornada escolar es superior a la asignación académica, así mientras la jornada escolar dura treinta horas a la semana, la asignación académica de los docentes de secundaria y media es de 22 horas a la semana, la de los docentes de primaria es de 25 horas a la semana y los de preescolar es de 20 horas semanales, lo que deja un margen de 8, 5 y 10 horas respectivamente, que perteneciendo a la jornada escolar no tiene contenido académico aunque sí hacen parte del currículo.

2.4.           De lo anterior se concluye que la ley impone al docente un máximo de seis horas académicas propiamente dichas, aunque pueda permanecer más horas en la institución dedicado a actividades no académicas.

2.5.           Si al docente se le incrementa por ejemplo, media hora de clase, argumentando que se encuentra dentro del mínimo de la jornada escolar, se estará cambiando el contenido de esa media hora, porque el artículo 9º del Decreto 1850 de 2002 establece que el resto del tiempo corresponde al desarrollo de actividades complementarias, con lo cual el rector asume funciones legislativas que corresponden sólo al Congreso de la República, vulnerando los artículos 150, 6, 95 (1) y 121 de la Carta Política.

2.6.           La asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios. Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos (artículo 3º del Decreto 1850 de 2002).

2.7.           Está definición de los períodos de clase al comienzo del año representa una garantía para los estudiantes, profesores y coordinadores, porque ello les permite planear adecuadamente sus obligaciones académicas y adaptarse a los horarios, lo que constituye un importe elemento para la estabilidad psicológica de los estudiantes y docentes. Por ello, esta definición hace parte de la seguridad jurídica institucional, razón por la cual no debe ser modificada durante el año (inciso 1º del artículo 3º del Decreto 1850 de 2002).

2.8.           En la educación media de aquellas instituciones donde se trabaja un énfasis, por ejemplo: comercial, industrial, agropecuaria, entre otros, los estudiantes deben dedicar más tiempo a su formación, de donde no se concluye que se puede incrementar la jornada escolar de los docentes. Esto implica que se requiere mayor número de docentes. Al respecto el Ministerio de Educación Nacional, sin que la ley lo ha dicho dispuesto así, ha elaborado unos parámetros donde reconoce lo señalado.

2.9.           En consecuencia, si a los docentes se les incrementa la jornada escolar, aumentando el contenido académico en tiempo superior a seis horas,  no sólo se lesiona sus derechos laborales mínimos en ese aspecto sino que quien lo hace vulnera el Estado social de derecho, porque se extralimita en sus funciones y ejerce aquellas que no le han sido otorgadas, según los artículos 6 y 121 de la Carta Política.

 

3.     CONTENIDO DE LA JORNADA LABORAL DOCENTE

 

 

De lo preceptuado en el artículo 9º del Decreto 1850 de 2002, se deduce que el CONTENIDO DE LA JORNADA LABORAL DOCENTE es el siguiente:

 

3.1.           Asignación académica (quizá sea más preciso utilizar el sustantivo “actividades”, por tener un contenido más amplio).

3.2.           Actividades curriculares complementarias.

Así lo establece el texto legal invocado:

 

 

“ARTÍCULO 9º. JORNADA LABORAL DE LOS DOCENTES. Es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de la ASIGNACIÓN ACADÉMICA; a la ejecución de ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS tales como la administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos; las reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en especial de los padres de familia; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional”. (Mayúsculas, subrayado y negrillas, son ajenas al texto).

 

 

4.     CONTENIDO DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA

 

 

Según el artículo 5º del Decreto 1850 de 2002, la asignación académica corresponde al tiempo que dedica el docente a la atención directa de los estudiantes, en función del plan de estudios, el cual gira en torno a las áreas obligatorias y fundamentales que ocupan el 80% de aquel y las optativas el 20%, establecidas en el artículo 31 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 23 ibídem, cuyo numeral 3, relativo a la Educación artística y cultural fue modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997. Antes se denominaba: “Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia”.

 

 

5.     TIEMPO DEDICADO A LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA

 

 

La regla general consiste en que aquella asignación académica tiene una duración igual a la jornada escolar.

 

 

5.1.           TIEMPO PARA LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA EN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA. En el caso de la educación secundaria y la educación media, tiene una DURACIÓN SEMANAL de veintidós (22) horas, (Parágrafo del artículo 5º del Decreto 1850 de 2002), distribuidas durante seis horas diarias (inciso 2º del artículo 11 del Decreto 1850 de 2002) y ANUAL de 880 horas, distribuidas durante 40 semanas (artículos 1º y 7º del Decreto 1850 de 2002). La asignación académica es diferente a la INTENSIDAD HORARIO que el número de horas que deben cumplir los estudiantes. En secundaria son: 30 horas semanales y 1200 al año (inciso 2º del artículo 2º del Decreto 1850 de 2002).

5.2.           TIEMPO PARA LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA EN BÁSICA PRIMARIA. En primaria la asignación académica tiene una DURACIÓN SEMANAL de 25 horas y ANUAL de 1000 (inciso segundo del artículo 2º del Decreto 1850 de 2002).

5.3.           TIEMPO PARA LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.  En preescolar, la asignación académica tiene una duración semanal de 20 horas y anual de 800 (parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 1850 de 2002).

 

 

6.     CONTENIDO DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA

 

 

El contenido de la asignación académica está referido al desarrollo de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación básica y media. Es decir: la asignación académica desarrolla actividades académicas, como regla general. (Inciso 2º del artículo 2º del Decreto 1850 de 2002).

 

 

7.     ¿CÓMO SE DEBE CUMPLIR LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA?

 

 

La asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios. Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos (artículo 3º del Decreto 1850 de 2002).

 

Está definición de los períodos de clase al comienzo del año representa una garantía para los estudiantes, profesores y coordinadores, porque ello les permite planear adecuadamente sus obligaciones académicas y adaptarse a los horarios, lo que constituye un importe elemento para la estabilidad psicológica de los estudiantes y docentes. Por ello, esta definición hace parte de la seguridad jurídica institucional, razón por la cual no debe ser modificada durante el año (inciso 1º del artículo 3º del Decreto 1850 de 2002).

 

En los establecimientos educativos donde se tengan tres (3) jornadas), según el artículo 4º del Decreto 1850 de 2002, los rectores deben definir y desarrollar, con el apoyo de las entidades territoriales certificadas, estrategias o actividades para cumplir con las treinta (30) horas semanales y las mil doscientas (1.200) horas anuales definidas para la educación básica secundaria y media, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1850 de 2002.

 

 

8.     EL DESCANSO PEDAGÓGICO

 

8.1.           60 MINUTOS, VERSUS PERÍODOS. , las cuales serán distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios. (parágrafo del artículo 5º del Decreto 1850 de 2002).

8.2.           Sin embargo, las clases como tales no pueden ser de 60 minutos efectivos porque a ellas debe descontársele el tiempo dedicado al descanso pedagógico. Al respecto es necesario recordar que las normas no sólo se interpretan de manera literal sino en el contexto y teniendo en cuenta el principio de utilidad de la ley, es decir: La norma debe interpretarse para resolver las situaciones concretas, no para hacerlas imposibles o cambiar su contenido, como ocurre en este caso: El decreto 1850 de 2002, no asignó un tiempo especial para el descanso pedagógico, lo que implica que ninguna autoridad de la República está facultada para reglamentar lo que está en la ley.

8.3.           El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido que el tiempo del descanso pedagógico de los estudiantes está incluido en las seis (6) horas diarias que como mínimo, debe permanecer el docente en el establecimiento y no está incluido en el número de horas de asignación académica (Numeral 5 de la Directiva Nº 003 del 26 de marzo de 2003, expedida por el MEN). Durante ese tiempo todos los docentes deben participar de las actividades de vigilancia, lúdicas y de recreación. Si no lo hacen estaría incumpliendo sus deberes durante su duración y podrían ser responsables civil, penal y disciplinariamente de lo que ocurra a los estudiantes pudiendo evitarlo pues tienen el deber de hacerlo, con todos los estudiantes aunque no se trate de sus alumnos directos.

8.4.           Al respecto debe precisarse que el tiempo dedicado al descanso pedagógico hace parte de la jornada escolar, lo que implica que deberá disminuirse a cada hora académica el tiempo proporcional para aquella actividad, sin que pueda excederse el límite de cuatro, cinco y seis horas académicas que integran la jornada escolar de preescolar, primaria y secundaria, respectivamente. Lo anterior implica que no se puede incrementar en media hora la jornada escolar, argumentando que así lo exige la efectividad de las horas de sesenta (60) minutos, porque en ellas se incluye el tiempo dedicado al descanso pedagógico.

8.5.           El incremento de media hora a la permanencia de los docentes en la institución educativa constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones y el ejercicio de unas funciones que la Carta Política y la ley, no han previsto para los rectores y, en el caso de los supervisores, constituye una exigencia no prevista en la ley, lo que atenta contra el artículo 84 de la Constitución Política en la medida en que para aprobar el horario de las instituciones educativas resultan exigiendo un requisito que no está incluido en el ordenamiento jurídico sino que se pretende forzar su inclusión.

8.6.           Respecto de la educación preescolar y la básica primaria, se ha venido incrementando la jornada escolar en media hora, agregando la duración del descanso pedagógico a la jornada escolar. En estos casos se viola la Jornada escolar, el cual es un derecho fundamental de los estudiantes, según el artículo 44 de la Carta Política.

8.7.           El descanso pedagógico hace parte de las actividades regulares de la institución y compromete por ello a todos los docentes y directivos docentes, porque esa actividad tiene un contenido altamente formativo, donde la lúdica, el ejercicio de la libertad, el respeto de las normas y el fomento de las relaciones interpersonales encuentran un espacio cruzado por la dirección y vigilancia de todo el personal de la institución educativa.

8.8.           El descanso hace parte tanto de la jornada escolar como del tiempo de permanencia de los docentes en el establecimiento educativo, sin que pueda agregarse la duración de aquel al tiempo de permanencia, que es lo que viene ocurriendo. Lo que suceda a los estudiantes durante la media  hora adicionada por el rector al tiempo de permanencia de los docentes, es responsabilidad exclusiva de aquel en materia penal, disciplinaria y civil, porque la ley no lo ha autorizado para tal decisión.

8.9.           Si esa media hora no ha sido autorizada por la ley y el rector la agrega al tiempo de permanencia, se está cambiando el contendió a ese tiempo, ya que el Decreto 1850 de 2002 destina aquel tiempo a actividades complementarias, no propiamente académicas, lo que podría constituir prevaricato por acción, en los términos del artículo 413 del Código Penal, adicionado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

 

 

9.     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 

 

Las actividades complementarias pueden clasificarse así:

 

 

9.1.           Actividades complementarias institucionales (ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS). Son ACADÉMICAS las que están referidas al desarrollo del Plan de Estudios y la formación de la personalidad del estudiante en el respeto a la vida y los derechos humanos; el libre desarrollo de su personalidad; la formación para la participación política; la conservación, preservación del medio ambiente, la conservación de la salud; la defensa del patrimonio cultural; la conciencia de la soberanía nacional; la capacidad crítica, reflexiva y analítica; prevención de desastres (Artículo 9º del Decreto 1850 de 2002; artículo 5º de la Ley 115 de 1994). Son ADMINISTRATIVAS O DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, aquellas actividades orientadas a garantizar los recursos para la ejecución de los proyectos y el funcionamiento institucional, tales como las siguientes:

9.2.            Ejemplo de ellas son las siguientes: planeación y evaluación institución, disciplina y formación de los alumnos; las reuniones generales de profesores, padres de familia (Asociación de Padres, Consejo de Padres, entrega de informes académicos); elección del personero estudiantil; elección del Consejo Estudiantil; elección del representante de los estudiantes al Consejo Directivo; organización del servicio social obligatorio; elección de los representantes al Consejo Directivo por parte de los docentes y directivos Docentes; elección de los representantes al Consejo Académico; dirección de grupo; servicio de orientación estudiantil; actividades de investigación (por ejemplo, para adoptar o modificar el PEI); actualización pedagógica; prevención de desastres, formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios, entre otras. (Artículo 8 y 9º del Decreto 1850 de 2002; artículos 87, 93, 94, 97, 142, 143, 145 de la Ley 115 de 1994)

9.3.           Actividades complementarias de áreas (institucionales y específicas). Estas son INSTITUCIONALES en la medida en que pueden comprometer a toda la institución, como los concursos, festivales, exposiciones y ESPECÍFICAS, cuando únicamente comprometen el trabajo de los docentes de la respectiva área, en asuntos tales como didáctica y coordinación de los contenidos curriculares.

9.4.           Actividades complementarias específicas. Son las que debe desarrollar cada docente en función de la asignación académica, en torno al plan de estudios y el Proyecto Educativo Institucional – PEI, tales como: administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, actividades de investigación; actividades de recuperación; preparación de actividades grupales (cine, teatro, deportes, etc); orientación estudiantil o dirección de grupo (artículos 6º y 9º del Decreto 1850 de 2002).

9.5.           La Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante la Circular Nº 000074 del 06 de junio de 2007 consideró que las seis (6) horas efectivas de carácter académico pueden completarse con estrategias o actividades alternativas que así lo garanticen, lo que implica la elaboración y presentación por parte del rector del correspondiente plan o proyecto ante la dependencia competente de la Secretaría de Educación.

9.6.           Sobre las actividades que cumplen función académica porque constituyen desarrollos del Plan de Estudios se sugieren, entre otras las siguientes:

9.6.1.     En el área de Matemáticas, para el desarrollo del pensamiento lógico, se sugiere plantear talleres que contengan tangram, sudoku, acertijos, crucigramas numéricos, juegos para desarrollar la agilidad mental, juego de ajedrez, construcción de figuras geométricas y consultas en internet.

9.6.2.     En el área de humanidades, promover la formación de escuelas de teatro, en coordinación con la alcaldía y demás entidades dedicadas al asunto. También organizar periódicos murales y crear mecanismos que estimulen su lectura; crear la emisora escolar; organizar proyectos para estimular la lectura que complemente los temas desarrollados en clase; organizar el festival de expresión oral; el festival de la canción en inglés o en un segundo idioma, según las orientaciones del PEI.

9.6.3.     En el área de Ciencias Sociales, organizar la lectura comentada de los periódicos en las secciones nacionales, internacionales, económica, cultural, social y política; análisis de las noticias de radio y televisión; organización de encuestas para sondear la opinión estudiantil o de toda la comunidad educativa sobre determinados temas.

9.6.4.     En el área de Ciencias Naturales, diseño y elaboración de material didáctico; preparación de la feria de la ciencia (Expociencia); creación de historietas (tomado de documento elaborado por el licenciado Luis Fernando Abadía, Secretario de Prensa de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca - ADEC).

 

 

10. CONCLUSIONES

 

 

10.1.       La jornada laboral docente y directivo docente, según el Decreto 1850 de 2002, es de ocho (8) horas.

10.2.       La Jornada escolar es de seis (6) horas. Esto implica que la permanencia es también de seis horas.

10.3.       La permanencia en secundaria es igual la duración de la jornada escolar. En Primaria la permanencia es superior en una hora respecto de la jornada escolar. En preescolar, la permanencia es superior en dos horas respecto de la jornada escolar (artículo 2º del Decreto 1850 de 2002).

10.4.       El descanso pedagógico hace parte de la jornada escolar.

10.5.       El tiempo restante de la jornada escolar, que no es ocupado en la asignación académica propia de cada docente, pertenece a la institución, pudiendo ser ocupado para cubrir las ausencias temporales de docentes, en permiso, en enfermedad o por causas diferentes, nunca para reemplazar docentes de manera permanente. En estos casos, el coordinador deberá disponer del taller que haya elaborado previamente el respectivo docente del área y si no existe, deberá hallar la solución correspondiente.

10.6.       El horario escolar sólo se puede definir al comienzo del año.

10.7.       Obrar contrariando lo dispuesto expresamente por el Decreto 1850 de 2002, conduce a eventuales sanciones disciplinarias, civiles y penales.

10.8.       No se trata de promover acciones individuales o anárquicas en contra de la interpretación que se hace del Decreto Nacional 1850 de 2002. Se trata de realizar una labor conjunta entre docentes y directivos docentes para armonizar las relaciones intrainstituciones, seraimente afectadas por aquella interpretación.

10.9.       Es recomendable la participación de las autoridades locales, departamentales en un proceso de reflexión sobre la aplicación del decreto 1850 de 2002, con el objeto de lograr su cabal cumplimiento y no la aplicación de interpretaciones que no corrresponden a su contenido. No se trata de negociar la ley. Se trata de cumplirla tal cual y no según el paracer particulñar de algunos.

 

GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN DOCENTE

 

 

POR: ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO – ASESOR EXTERNO DE: FECODE - ADIDA – ADEC – ADEM – ARCODEN – ASDIDOC – ASISAP – ASODEVI – ASODIM – SEG – SUDEA – SINDEVA - SINDODIC – ASODIC - Bogotá, 30 de septiembre de 2008. Actualización: Medellín, 24 de noviembre de 2008.

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

En este momento no es posible realizar ningún tipo de evaluación a los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979. No ha y normas legales vigentes que regulen la evaluación de la educación, de las instituciones educativas y de las entidades territoriales.

 

Según las sentencias C- 357 de 2003, C- 723 de 2004 y C- 675 de 2005, proferidas en procesos promovidos por el suscrito, la Corte Constitucional declaró que para reglamentar la evaluación de los docentes era necesario que el Congreso de la República expidiese la ley correspondiente, la cual debería contener los criterios generales bajo los cuales se desarrollaría la evaluación docente y de la educación estatal. Respecto de los Docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979

 

El gobierno colombiano también creó la inspección y vigilancia de la educación como un sistema de evaluación de las entidades territoriales,  los establecimientos educativos, los docentes, los estudiantes y la educación como tal. Lo anterior lo establecía el Decreto Ley 1283 de 2002, norma que fue declarada inexequible en su totalidad mediante la sentencia C-357 de 2003, por demanda presentada por el suscrito. Por lo tanto, no es posible aplicar la Inspección y Vigilancia de la educación.

 

También se ha pretendido poner a funcionar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación con propósito similares a los contenidos en los artículos 80, 81 y 83 de la Ley 115 de 1994. Este sistema no puede funcionar porque no existe una ley de la República que lo regule según lo declaró la Corte Constitucional en la Sentencia C- 675 de 2005, según demanda presentada por el suscrito. En este momento el Ministerio de Educación Nacional tiene en proceso de elaboración un proyecto de ley, cuyo encabeza reza: “por el cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación; se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación; y se conceden facultades extraordinarias para reorganizar el sistema y el Icfes, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado”. Allí el gobierno insiste en hacer lo que la Corte Constitucional ha declarado que no puede hacer: utilizar la facultad reglamentaria para establecer los criterios generales que habrán de regir el Sistema Nacional de Evaluación, el cual que incluye: calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. En este aspecto es necesario recordar que la Corte Constitucional mediante la sentencia C – 675 de 2005 declaró inexequible la expresión que otorgaba al gobierno nacional la facultad de reglamentar los artículos 80, 81 y 84 de la Ley 115 de 1994 relativos a los diferentes aspectos del Sistema Nacional de Evaluación. Por lo tanto, la insistencia del Ministerio de Educación Nacional, no deberá prosperar por esa razón, lo que implica que el Congreso de la República tendrá que ejercer sus funciones legislativas en esta materia. Esta debe ser la propuesta alterna al proyecto que se estudia, exigiendo al Gobierno Nacional que presente un proyecto completo y negando las facultades extraordinarias solicitadas.

 

Es competencia del Congreso de la República establecer las reglas generales para la evaluación y capacitación del personal docente y directivo docente. No corresponde al Gobierno Nacional aquella competencia, según lo reconoció la Corte Constitucional, en la sentencia C-723 de  2004, proferida en demanda presentada por el suscrito, donde se declaró inexequible el numeral 5.8 del artículo 5º y parcialmente el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001.

 

Por ser Colombia un Estado social de derecho, los funcionarios sólo pueden proceder según la ley y no según su capricho. Hasta la fecha el Congreso no ha expedido la ley que establezca las reglas para la evaluación docente. Al no existir aquella ley, no puede realizarse ningún tipo de evaluación docente, institucional, de la educación ni de las entidades territoriales.

 

En relación con la aplicación obligatoria de los fallos de constitucionalidad, el artículo 243 de la Carta Política establece que estos hacen tránsito a cosa juzgada y que ninguna   autoridad  podrá  reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las  disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Las normas superiores que dieron lugar a los fallos referidos se encuentran vigentes. Ellas son: el numeral 23 del artículo 150, y los numerales 10 y 11 del artículo 189, de la Constitución Política.

 

Se podría encontrar reproche en materia disciplinaria y penal en contra de los funcionarios que procedan contrariando lo dispuesto en el artículo 243 superior.

 

En el aspecto disciplinario, se establece como causal de mala conducta la reproducción de “actos  suspendidos  o  anulados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo cuando  no  hayan desaparecido   los   fundamentos  legales  de  la   anulación   o suspensión”, según lo dispone el numeral 11 del artículo 76 del CCA, en armonía con lo dispuesto el numeral 19 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

 

En el campo penal aquella conducta podría encuadrarse en el artículo 413 del Código Penal.

 

El Gobierno Nacional había expedido el Decreto 2582 de 2003, para reglamentar la evaluación del desempeño. Esta norma no pudo ser aplicada porque las normas superiores que reglamentaba fueron retiradas de manera definitiva del ordenamiento jurídico, por la declaratoria de inexequibilidad del numeral 5.8 del artículo 5º y el parágrafo (parcial) del artículo 10 de la Ley 715 de 2001. Así lo ha reconocido el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación de todo el país.

 

A pesar de lo anterior, en el presente ensayo se consultará, entre otros, el Decreto 2582 de 2003 como parte de la doctrina sobre la materia que evidencia el pensamiento que aún impera en la administración del Estado.

 

El Decreto Nacional 3782 de 2007, “por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el decreto ley 1278 de 2002”, ha sido demandada por el suscrito. Los datos básicos del proceso son: Consejero ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez - Expediente: 11001-03-25000-2008-00001-00 – Estado del proceso: - Se encuentra en pruebas (09-07-08). Esta demanda fue contratada por SINDODIC.

 

Se acusa al Decreto 3782 de 2007 de los siguientes defectos jurídicos, que lo hacen contrario a la Constitución Política y la ley, los siguientes:

 

El  acto acusado viola el artículo 5º de la Ley 715 de 2001 por aplicación de una norma legal retirada del ordenamiento jurídico, según lo declarado por la sentencia C- 723 de 2004.

El  acto acusado viola el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 por aplicación de una norma legal retirada del ordenamiento jurídico, según lo declarado por la sentencia C- 723 de 2004.

El  acto acusado viola el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, por aplicación indebida de las facultades otorgadas por la norma habilitante.

El  acto acusado viola los artículos 80, 81, 82 y 84 de la Ley 115 de 1994, normas que parcialmente fueron declaradas inexequibles mediante la sentencia C – 675 de 2005, según demanda presentada por el suscrito.

De manera indebida, el Ministerio de Educación Nacional aplicó el artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 5º de la Ley 715 de 2001, disposiciones que le otorgan facultad alguna para regular el período de prueba de los docentes vinculados, según el Decreto Ley 1278 de 2002.

 

 

A continuación se desarrollará el contenido básico de aquellas evaluaciones y se indicará las consecuencias jurídicas del período de prueba.

 

 

CAPÍTULO 1

CLASES DE EVALUACIONES DOCENTES

 

 

Según el artículo 27 del Decreto Ley 1278 de 2002, los docentes deberán someterse a los siguientes tipos de evaluación: Evaluación de período de prueba (I); Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual (II) y Evaluación de competencias (III).

 

 

 

 

 

1.1.           EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. CONCEPTO.

 

 

La evaluación del desempeño es un método técnico y  es una de las medidas del cumplimiento de los logros educativos.

 

Como método técnico puede ser aplicado a las máquinas o las personas sin importar la clase de actividad laboral que cumplen. Así, por ejemplo, es posible aplicarlo a los atletas, a los astronautas y a los profesionales de cualquier disciplina cuando prestan sus servicios a un empleador.

 

En el caso de los docentes y directivos docentes, la evaluación del desempeño es un método técnico para pesarlos laboralmente, cuya calificación debe ser el punto de equilibrio que resulta de valorar los resultados de la gestión educativa en relación con las funciones del servidor público.

 

La evaluación del desempeño es una de las medidas del cumplimiento de los logros educativos en relación con las funciones y responsabilidades, que han sido asignadas por la ley al cargo docente o directivo docente. Mediante la evaluación del desempeño se cuantifica en términos porcentuales el cumplimiento efectivo de los deberes laborales, confrontados con los logros. Estos siempre deberán responder a los fines de la educación previstas  en el artículo 67 de la Carta Política, en el artículo 5º de la Ley 115 de 1994 y en el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).

 

La exigencia del cumplimiento tiene como límite la cantidad y calidad de trabajo que debe invertir el servidor público en ejercicio de las funciones establecidas por la ley para el respectivo cargo.

 

El concepto de evaluación del desempeño descrito, corresponde al establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 1278 de 2002 y en los artículos 2 y 3 del Decreto 2582 de 2003.

 

Se observa que este concepto omite desarrollar el contenido de la evaluación del desempeño en los aspectos técnicos pedagógicos, lo que implica que los entrega a los asesores técnicos del Ministerio de Educación Nacional, sin delimitar sus competencias.

 

 

1.2.           INSTRUMENTOS.

 

 

Para realizarse, la evaluación del desempeño propuesta por el Estado, se crean unos instrumentos como los siguientes: pautas para observación de clases y de clases y de prácticas escolares; instrumentos para evaluaciones de superiores y colegas; encuestas para evaluación de los padres y estudiantes; criterios para el análisis de información sobre logros de los estudiantes; evaluación del consejo directivo; autoevaluación del docente y del directivo docente; evaluación de los directivos por parte de los docentes (artículo 33 del Decreto Ley 1278 de 2002). .

 

Se observa la ausencia de foros, la realización de Consejos de Maestros por institución educativa, orientados a la reflexión autocrítica y creativa de la educación y la pedagogía y el desempeño del maestro como profesional que trabaja al servicio de una sociedad cambiante y con necesidades imperativas, como la superación de las grandes desigualdades sociales.

 

La utilización de aquellos instrumentos supone que los responsables de la evaluación del desempeño efectuarán observaciones periódicas y sistemáticas de la actividad del evaluado en los diferentes espacios de la institución en el transcurso del año lectivo. Implica la realización de reuniones periódicas de trabajo con los docentes o directivos docentes, para recibir las observaciones de los diferentes integrantes de la comunidad educativa (Inciso 2º del artículo 7º del Decreto 2582 de 2003).

 

Esos instrumentos pretenden revestirse de conceptos técnicos para ocultar que son mecanismos impositivos de una conducta sumisa, ya que las reuniones que se realizan para la evaluación no tienen la misión de promover la reflexión pedagógica sino la captura de eventos o hechos aislados para convertirlos en causas en contra de los docentes y directivos docentes.

 

En este concepto de evaluación del desempeño previsto en las normas legales mencionadas, las entrevistas cumplen un papel destacado, “con el propósito de notificar la evaluación, definir el plan de desarrollo profesional y hacer seguimiento”. (Primera parte del Inciso 3º del artículo 7º del Decreto 2582 de 2003).

 

Para el logro de las metas acordadas, el seguimiento se hará mediante entrevistas, cuyos resultados se consignarán en instrumentos especiales para tal fin (segunda parte del Inciso 3º del artículo 7º del Decreto 2582 de 2003).

 

La realización de entrevistas sin reglas preestablecidas, significa la entrega de este instrumento al capricho del evaluador, donde el elemento subjetivo juega el papel determinante.

 

 

1.3.           ASPECTOS EVALUABLES.

 

 

Los aspectos que serán evaluados son los siguientes:

 

“Dominio de estrategias y habilidades pedagógicas y de evaluación; manejo de la didáctica propia del área o nivel educativo de desempeño; habilidades en resolución de problemas; nivel de conocimiento y habilidades relacionadas con el plan de estudios de la institución; actitudes generales hacia los alumnos; manejo de las relaciones del grupo; trato y manejo de la disciplina de los alumnos; sentido de compromiso institucional; preocupación permanente por el mejoramiento de la calidad de la educación; logro de resultados”. 

 

El texto que antecede hace parte del Artículo 34 del Decreto Ley 1278 de 2002. Se observa que no contiene ningún límite para el evaluador. El Decreto 2582 de 2002 en el artículo 3º, donde establece el contenido de la evaluación del desempeño, no precisa los aspectos evaluables, lo que dejaría en poder de los técnicos al servicio del Ministerio de Educación Nacional una libertad cercana a la arbitrariedad. Es decir: ambas normas dejan al arbitrio del evaluador el establecimiento de los parámetros que limiten cada aspecto a evaluar y los métodos que se aplicarán.

 

Los aspectos descritos corresponden a la evaluación de la idoneidad ético - pedagógica. Se ha propuesto que este tipo de evaluación se realice entre pares, porque entregar al evaluador la potestad de calificar o descalificar asuntos tan complejos con su mera voluntad o con instrumentos técnicos, no sólo es injusto sino que no corresponde a la naturaleza de la función docente. En el capítulo sobre evaluación de la idoneidad ético pedagógica se ampliará este tema.

 

Se insiste en que los aspectos a evaluar deben ser aquellos puramente laborales referidos al cumplimiento o no de las actividades académicas (artículo 86 de la Ley 115 de 1994, Decreto 174 de 1982 y artículos 5, 7 y 11 del Decreto 1850 de 2002) e institucionales (artículo 5º del Decreto 1850 de 2002).

 

 

1.4.           CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA DIRECTIVOS DOCENTES

 

 

Respecto de los directivos docentes se difiere al reglamento para que este defina las áreas de desempeño a evaluar, donde los aspectos a evaluar serían los siguientes, como mínimo: “su liderazgo; eficiencia; organización del trabajo; resultados de la institución educativa, medida de acuerdo con los índices de retención y promoción de los alumnos y con los resultados de la evaluación externa de competencias básicas de los estudiantes, que se realizará cada tres (3) años”. (Parágrafo del artículo 34 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Según la norma transcrita, el desempeño del directivo docente debe referirse al liderazgo, (i) administración (ii) y capacidad integradora de la institución y la comunidad educativa (iii). Estos tres aspectos estarán cruzados por el grado de cumplimiento en la institución educativa de las responsabilidades propias del cargo docente o del directivo docente (artículo 34 y su parágrafo, del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Se extraña en esa visión legal del contenido de la evaluación de los directivos docentes, la valoración ético – pedagógica y profesional, en el sentido planteado en el inciso tercero de la Carta Política y el artículo 119 de la Ley 115 de 1994.

 

El directivo docente como líder convoca mediante el convencimiento, motiva al personal bajo su mando para alcanzar las metas y objetivos lo que supone que deben ser construidas de manera participativa, ser claras y comprendidas por todos. El proceso de elaboración y adopción de las metas y objetivos serán evidencias para evaluar al directivo docente.

 

El directivo como líder procura obrar con justicia, según la ley y el sentido común y no según el capricho. El directivo como líder siempre tendrá presente dos cosas: que trabaja con seres humanos y que la estrategia que guía su liderazgo es el PEI. En las DECISIONES que tome se hallará evidencias que prueben que las razones de su proceder son las mencionadas y no otras.  En consecuencia, el directivo docente debe ser consciente de este hecho: Sus DECISIONES son las evidencias en su contra  o a su favor. Aquellas  deben ser valoradas en función del PEI.

 

El trabajo en equipo funciona cuando el directivo docente es un líder positivo, que facilita mejorar la calidad y eficiencia de la institución educativa mediante el encuentro de líneas de trabajo, el acercamiento, la superación de diferencias y el trato equitativo de los integrantes de la comunidad. La presencia de problemas, de dificultades y limitaciones, no explican, por ejemplo, que no funcionen los organismos de gobierno escolar.

 

Las decisiones no se valoran en sí mismas, se miden en función del PEI y haciendo relación a los medios lícitos utilizados para aquellas (EFICIENCIA) y el logro de las metas institucionales (EFICACIA).

 

Como administrador, el directivo docente demuestra eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos y financieros, sin imponer cargas innecesarias o contrarias a la ley.

 

Como administrador tiene el control de los procesos educativos, financieros y administrativos propiamente dichos. Es una autoridad reconocida y respetada por su capacidad y por que sus actos tienen carácter administrativo, lo que implica que modifican, crean o eliminan situaciones jurídicas. Constituye un atentado contra los principios de la buena administración, basar el éxito de esta en el temor y en el premio al sometimiento a los caprichos del directivo docente  (soborno administrativo) y no a la ley y el sentido común (EFICIENCIA).

 

Constituye evidencia de la capacidad administrativa en general, la adecuada utilización de los medios o recursos necesarios para alcanzar las metas, siendo aquellos lícitos (EFICIENCIA). Lograr los objetivos propuestos es prueba de haber utilizado los medios y recursos adecuados en el momento preciso (EFICACIA).

 

 

1.5.           CUÁNDO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 

 

Según el artículo 32 del Decreto Ley 1278 de 2002, la evaluación del desempeño de los docentes regidos por esta norma, deberá realizarse a quienes hayan trabajo el año escolar o por un término superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El responsable es el rector o director de la institución y el superior jerárquico para el caso de los rectores o directores. Igual cosa disponía el artículo 8º del Decreto Nacional 2582 de 2002.

 

Se expidió el Decreto 2582 de 2003, norma pretendía ser aplicable a los docentes regidos tanto por el Decreto Ley 2277 de 1979 como por el Decreto Ley 1278 de 2002. Sin embargo, aquel reglamento no pudo ser aplicado porque quedó insubsistente, al ser eliminados de la vida jurídica, mediante inexequibilidad, las normas superiores que le dieron origen, tales como el numeral 5.8 y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001.

 

El Decreto Nacional 3782 de 2007, “por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el decreto ley 1278 de 2002”, a pesar de estar vigente, presenta unos vicios jurídicos que podrían implicar la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad, por parte del honorable Consejo de Estado, según la demanda presentada por el suscrito. Aquellos vicios sirven de fundamento para proponer a los directivos docentes que si deciden aplicarlo, ningún docente o directivo docente resulte perdiendo aquella evaluación. Si se encuentran fallas en el cumplimiento de las funciones o responsabilidades, el proceso disciplinario puede resolver estas situaciones de una manera ágil, sin que la responsabilidad directa del rector resulte comprometida.

 

Los datos básicos del proceso son: Consejero ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez - Expediente: 11001-03-25000-2008-00001-00 – Estado del proceso: - Se encuentra en pruebas (09-07-08). Esta demanda fue contratada por SINDODIC.

 

Se acusa al Decreto 3782 de 2007 de los siguientes defectos jurídicos, que lo hacen contrario a la Constitución Política y la ley, los siguientes:

 

 

1.     El acto acusado viola el artículo 5º de la Ley 715 de 2001 por aplicación de una norma legal retirada del ordenamiento jurídico, según lo declarado por la sentencia C- 723 de 2004.

2.     El  acto acusado viola el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 por aplicación de una norma legal retirada del ordenamiento jurídico, según lo declarado por la sentencia C- 723 de 2004.

3.     El acto acusado viola el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, por aplicación indebida de las facultades otorgadas por la norma habilitante.

4.     El  acto acusado viola los artículos 80, 81, 82 y 84 de la Ley 115 de 1994, normas que parcialmente fueron declaradas inexequibles mediante la sentencia C – 675 de 2005, según demanda presentada por el suscrito.

5.     De manera indebida, el Ministerio de Educación Nacional aplicó el artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 5º de la Ley 715 de 2001, disposiciones que le otorgan facultad alguna para regular el período de prueba de los docentes vinculados, según el Decreto Ley 1278 de 2002.

 

 

CAPÍTULO 2

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 

 

1.1.           PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES REGIDOS POR EL DECRETO LEY 2277 DE 1979.

 

 

Para docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, las consecuencias de la evaluación del desempeño son las previstas en el artículo 9º del Decreto 2582 de 2003. Allí se determina que si el resultado de la evaluación es inferior al sesenta por ciento (60%), serán sometidos al cumplimiento de “un plan especial de apoyo y seguimiento para el año siguiente”, acordado con el evaluador, donde se consignarán las acciones que hará el docente para mejorar el desempeño (inciso 1º del artículo 9º del Decreto 2582 de 2003). Si al año siguiente, el resultado fuere insatisfactorio nuevamente, el docente, el orientador o coordinador, será procesado disciplinariamente por el supuesto incumplimiento de sus deberes, según la Ley 7134 de 2002 (Parágrafo 2º del artículo 9º del Decreto 2582 de 2003).

 

Sin embargo, el Decreto 2582 de 2002, no es aplicable por haber quedado insubsistente, ante la declaratoria de inexequibilidad de las normas superiores que le dieron, como son: el numeral 5.8 del artículo 5º y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 80, 81 Y 84 de la Ley 115 de 1994.

 

 

1.2.           PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES REGIDOS POR EL DECRETO LEY 1278 DE 2002

 

 

Para docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 1979, las consecuencias de la evaluación del desempeño son las previstas en el artículo 36 de la mencionada norma. Allí se determina que si el resultado de la evaluación es inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años consecutivos, los docentes serán excluidos del escalafón y del servicio (inciso 1º del. artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

En el caso de los directivos docentes, la consecuencia será idéntica si ingresaron sin tener vinculación docente regulado por el Decreto Ley 2277 de 1979. En caso de provenir de la educación oficial, serán regresados a la base docente, devengado el correspondiente sueldo (inciso 1º del. artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

 

CAPÍTULO 3.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

 

 

El artículo 81 de la Ley 115 de 1994, establece la evaluación de competencias para los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979. Esta disposición no es aplicable hasta la fecha porque la regulación legal debe ser expedida por el Congreso Nacional, según la sentencia C- 675 de 2005 que declaró inexequible parcialmente el artículo 81 de la Ley 115 de 1994, según demanda presentada por el suscrito.

 

El insubsistente Decreto 2582 de 2003 se ocupó únicamente de la evaluación del desempeño, respecto de los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979. Se recuerda que esta norma no se aplica porque sus fundamentos jurídicos superiores desaparecieron del ordenamiento jurídico, al ser declarados inexequibles por la Corte Constitucional.

 

Según el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, la evaluación de competencias incluye: competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal.

 

En desarrollo de esta norma, el Presidente de la República expidió el Decreto 3782 de 2007.

 

 

3.1. CONTENDIO Y ALCANCES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 

 

Según el inciso segundo del artículo 2º del Decreto 3782 de 2007, la evaluación anual del desempeño laboral de los docentes “es un proceso permanente que permite verificar el quehacer profesional de los educadores, identificando fortalezas y aspectos de mejoramiento, mediante la valoración de sus competencias funcionales y comportamentales”.

 

De conformidad con lo anterior, la evaluación anual del desempeño laboral de los docentes es un proceso que permite llegar a un resultado que tiene dos aspectos básicos: (i) Fortalezas y (ii) debilidades o aspectos a mejorar. A este resultado se llega mediante la valoración de (i) las competencias funcionales y las competencias comportamentales (ii).

 

Por lo tanto, el referido proceso debe encontrar una valoración para: (i) las COMPETENCIAS FUNCIONALES y las COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (ii), el cual será el porcentaje con cual se califica al docente.

 

Las COMPETENCIAS FUNCIONALES tienen por contenido “las responsabilidades específicas del cargo de docente o directivo docente, definidas en la ley y los reglamentos”, según el artículo 14 del Decreto 3782 de 2007. Es decir: es la relación entre los deberes y el cumplimiento efectivo de aquellos, las que se valoran en tres áreas de gestión institucional: 1) Gestión académica; 2) gestión administrativa, y 3) gestión comunitaria, según el artículo 16 del Decreto 3782 de 2007.

 

LA GESTIÓN ACADÉMICA está referida a las competencias que demuestra el docente para aplicar estrategias pedagógicas y evaluativas, teniendo como marco de referencia los estándares básicos de competencias, siempre en referencia al contexto y los resultados alcanzados por los estudiantes, no en abstracto, como ocurre en este caso. En este aspecto el docente debe demostrar el dominio de los contenidos propios del área de su especialidad, a través de la organización, planeación y evaluación de los mismos, para el desarrollo de las actividades en función del Proyecto Educativo Institucional.

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA se refiere al conocimiento y cumplimiento de las normas que hacen posible el funcionamiento normal de la institución educativa en desarrollo de los proyectos, con la activa participación del docente y el uso eficiente de los recursos pedagógicos.

 

LA GESTIÓN COMUNITARIA, se refiere al aporte al mejoramiento de la calidad de vida local como resultado de la interacción con la comunidad educativa  y el entorno, a través de la actividad pedagógica, partiendo las condiciones sociales, culturales y productivas de la comunidad educativa.

 

EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Se refieren a los aspectos característicos del docente como ser humano calificado para ser docente, aquello que lo distingue y hace que se le reconozcan unas actitudes, valores, intereses y su motivaciones, según el artículo 17 del Decreto 3782 de 2007, los cuales se manifiestan en el “liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales, trabajo en equipo, negociación y mediación, compromiso social e institucional, iniciativa, orientación al logro”.

 

 

3.2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

 

 

El artículo 29 del Decreto Ley 1278 de 2002 establece los principios a los cuales se deben someter todas las evaluaciones, así:

 

3.2.1. OBJETIVIDAD, lo que implica prescindir de la subjetividad en las calificaciones. En este caso, no hay evidencias del proceso que regularmente debió realizarse, mediante la aplicación de los instrumentos idóneos.

 

 

3.2.2. CONFIABILIDAD.  No se cumple este principio cuando el evaluador viola sus responsabilidades, especialmente la referida a la promoción de un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva (literal a) del artículo 11 del Decreto 3782 de 2007).

 

3.2.3. TRANSPARENCIA. Se vulnera este principio cuando no se da a conocer oportunamente los instrumentos para aplicación la evaluación durante el período evaluado, ya sea mes a mes o por lo menos durante cada período académico.

 

3.2.4. PARTICIPACIÓN. No se cumple este principio cuando en el proceso de evaluación no participan de manera organizada: los padres de familia; el Consejo Directivo, los colegas, los estudiantes.

 

3.2.5. CONCURRENCIA.  Se vulnera este principio cuando los estudiantes obtienen resultados positivos en las pruebas del ICFES o en las evaluaciones académicas del área, a pesar de lo cual el docente es calificado de manera negativa en el aspecto académico. Este principio impone la necesidad de la coincide entre el resultado académico obtenido por los estudiantes y la evaluación del docente en el aspecto académico.

 

 

3.3.           DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS

 

 

Se partirá de considerar la definición que presenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Allí se define: “Competencia². (Del lat. competentĭa; cf. competente). f. incumbencia. || 2. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. || 3. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto”.

 

Según el inciso primero del artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, “la competencia es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo”.

 

Aunque la norma precitada no plantea la competencia como cualidad compleja sino que la define como un elemento que posee la persona que cumple un trabajo exitoso, es necesario, analizarla ampliamente.

 

Los campos a los cuales se refieren las competencias muestran la complejidad del asunto, siendo por ello necesario valorar cada aspecto según su naturaleza, así:

 

La valoración de conocimientos cuenta con pruebas escritas que ofrecen un alto grado de confiabilidad. Pero esta prueba debe ser según la especialidad y nivel educativo en el cual se cumple trabajo docente o directivo docente.

 

Las habilidades, tendrán que ser evaluadas mediante indicadores o provocando acciones específicas, por tratarse de capacidades o disposiciones de las personas, que por su naturaleza no son medibles en sí mismas.

 

Las actitudes como disposición de ánimo para hacer algo tampoco son medibles en sí mismas por idénticas razones.

 

Los valores como cualidades atribuibles a las actitudes, igualmente no son medibles por sí mismas, por las razones expuestas.

 

DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE LAS COMPETENCIAS NO PUEDEN SER EVALUADAS DIRECTAMENTE. ES POSIBLE MEDIRLAS A TRAVÉS DE LOS ACTOS. ESTOS A SU VEZ DEBEN SER ESTUDIADOS POR MEDIO DE EVIDENCIAS DENOMINADAS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE VARÍAN DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN.

 

En consecuencia, los métodos para valorar las competencias en cuanto a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores son tan diversos como los contextos en los cuales se expresan: social, académico, ético, político, cultural, entre otros.

Ya se propuso la evaluación de competencias como una valoración de la pericia o aptitud de una persona para ser docente o directivo docente. Esta definición será ampliada con base en “el concepto de competencia en la semiótica discursiva”, propuesto por Eduardo Serrano Orjuela, de la Universidad del Valle (www.geocities.com/semiotico y eso@uniweb.net.co).

 

No se hará la extrapolación de aquel concepto de la semiótica a la pedagogía sino que se tomarán algunos elementos que aportan para la comprensión de la competencia, porque esta debe ser estudiada no sólo de manera operativa sino como signo social que pone sobre el docente una etiqueta: COMPETENTE O INCOMPETENTE, razón por la cual la competencia debe ser estudiada también como parte del discurso social que se pretende imponer en la educación colombiana.

 

En general, con el concepto competencia se designa un conjunto de capacidades, aptitudes, habilidades, condiciones que le permiten a una persona ejecutar una acción con miras a la consecución de una meta. Por ello se trata de un saber-hacer, de «ese algo» que hace posible el hacer. [...] Si el acto es un «hacer-ser», la competencia es «lo que hace ser», es decir, todas las condiciones previas y los presupuestos que hacen posible la acción (Greimas y Courtès, 1979: 53),  pero no cualquier acción sino una acción exitosa en el caso de las competencias docentes.

 

El concepto de competencia implica una organización jerárquica de modalidades:

 

 

1) Un querer-hacer – 2) Un deber-hacer – 3) Un poder-hacer – 4) Un saber-hacer. Comúnmente sólo se habla del último elemento mencionado: Saber hacer. Se omite los otros elementos y no se estudia las relaciones que se presentan entre ellos.

 

El deber – hacer puede intentar ser el elemento determinante de los otros, pero otro elemento puede asumir esta función dependiendo de las circunstancias concretas en las cuales se cumple la tarea educativa y la pedagógica en particular.

 

Dentro de este complejo campo del deber – hacer se encuentra otros sub campos, ellos son: El deber - hacer legal y el deber – hacer – ético u objeción de conciencia.

 

El subcampo del deber - hacer legal puede ser determinante en varias circunstancias, por ejemplo cuando se encuentran contradicciones sociales con las leyes, como el caso de la aplicación del Decreto 1850 de 2002, en aspectos tan conflictivos como la jornada laboral, la jornada escolar, el tiempo de los períodos de clase y la distribución de la asignación académica.

 

El deber – hacer – ético u objeción de conciencia se convierte en determinante, por ejemplo, cuando se emite una orden que es contraria a la convicciones políticas o religiosas de quien debe cumplirla. Tal es el caso del docente de filosofía que le asignan dictar religión, pero que se considera ateo, entre otros.

 

Si no hay medios para el sostenimiento adecuado de la educación como derecho o como servicio, el deber – hacer no podrá corresponder a los niveles de las medidas estándares que impone el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, porque será imposible el poder – hacer-.

 

Si la motivación del docente está disminuida y en su lugar se le imponen jornadas laborales agotadores o asfixiantes y mal remuneradas, el querer- hacer, será un pobre componente de las competencias.

 

Si el maestro no ha sido preparado para ser docente, el saber – hacer, no será el elemento dinámico de la competencia sino uno de sus frenos, como ocurre con el nombramiento de profesionales sin que previamente acrediten estudios en pedagogía.

 

Para alcanzar objetivos y metas se requiere, como condición necesaria, una determinada competencia. Esta existe para hacer algo con ella. Pero puede suceder que no se haga nada, pero aquella es condición indispensable para hacer aquel algo si el sujeto se decide.

 

Un acto culminado de manera exitosa es evidencia de la competencia desplegada por el sujeto que hace, en las cuatro dimensiones señaladas: 1) Querer-hacer – 2) Un deber-hacer – 3) Un poder-hacer – 4) Un saber-hacer.

Si Jesús cura a los enfermos, expulsa a los demonios y resucita a los muertos, se evidencia que tiene una competencia superior a la de los otros taumaturgos que han fracasado en las mismas tareas.

En la publicidad se acude con frecuencia a la “prueba” de la eficacia de los productos ofrecidos. Las fotografías de “antes y después”, es uno de esos recursos.

Exhibir el resultado es otro: si la modelo de la foto lo logró es porque el producto  publicitado es eficaz.

El testimonio personal es otro más: una personalidad reconocida por obra de los medios de comunicación da fe que gracias a la Cruz del Gran Poder sí puede, por ejemplo, tener éxito en la vida personal, social o económica.

De lo anterior se deduce que la competencia de un sujeto tiene que ver con el hecho de disponer de las condiciones objetivas y de los medios materiales necesarios para la ejecución de las tareas, objetivos o metas asignadas.

 

Un cocinero que sabe qué plato preparar (saber hacer) y cómo prepararlo (saber procedimental), pero no dispone de los ingredientes, o de las instalaciones y utensilios requeridos, o del tiempo necesario para la preparación y la cocción (poder – hacer), no está en condiciones de llevar a cabo su cometido: decimos entonces que no posee la competencia necesaria, porque, a pesar de tener el deber de hacer (deber – hacer) por ser su trabajo; tener la disposición de hacer (querer – hacer), tener las competencias cognoscitivas (saber hacer), le falta la competencia potestativa (poder – hacer).

 

Se necesita de las cuatro dimensiones de la competencia para que pueda afirmarse que el sujeto ha adquirido la competencia presupuesta por la acción específica para su ejecución exitosa.

 

 

3.4.           PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

 

 

Según el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002 y el artículo 81 de la Ley 115 de 1994, la evaluación de competencias se realizará cada seis años. La reglamentación corresponde al Congreso de la República, según lo ha declarado La Corte Constitucional en la sentencia C – 675 de 2005, que declaró parcialmente inexequible el artículo 81 de la Ley 115 de 1994. Hasta la fecha esa ley no ha sido expedida.

 

El artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, establece la obligación de superar la evaluación de competencias cada vez que aspiren a ser ascendidos en el Escalafón y quieran cambiar de nivel salarial. Se indica que esta evaluación es voluntaria. De allí se deduce que el salario de los nuevos docentes estará vinculado a la evaluación de competencias, pruebas que podrán ser realizadas por cualquier entidad pública o privada.

 

 

3.5.           CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

 

 

Para los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el inciso 2º del artículo 81 de la Ley 115 de 1994 determina que si el evaluado no supera satisfactoriamente la prueba, en el término máximo de un año deberá superarla. Si no lo hace será procesado disciplinariamente por ineficiencia profesional. Esta disposición deberá ser regulada por el Congreso de la República, según la sentencia C – 675 de 2005. Hasta la fecha no ha sido expedida la correspondiente ley, razón por la cual no puede ser aplicada.

 

Respecto de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, si el evaluado supera la prueba con un porcentaje igual o superior al 80%, será candidato para ser ascendido en el Escalafón y reubicado en un nivel salarial superior (numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Contra los resultados de la prueba, proceden los recursos de reposición y apelación (parágrafo del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Se aprecia consecuencias jurídicas diferentes de la evaluación de competencias para cada grupo de docentes. Se sanciona disciplinariamente a los regidos por el Estatuto Docente y se sanciona con bajos salarios a los nuevos docentes.

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4.

PROPUESTA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS

 

 

En Colombia, la evaluación del desempeño con calificación no satisfactoria tiene como consecuencia jurídica el retiro del servicio, así lo expresa el inciso 4º del artículo 125 de la Carta Política, que reza:

 

“El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario  y por las demás causales previstas en la  Constitución o la ley”. (El subrayado y negrillas son ajenos al texto).

 

El artículo 119 de la Ley 115 de 1994, ha desarrollado de manera parcial la norma superior invocada, en lo relativo a la idoneidad profesional., quedando pendiente el desarrollo legal la idoneidad pedagógica y ética.

 

 

4.1.           EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (EVALUACIÓN LABORAL PROPIAMENTE DICHA)

 

 

El desempeño, cuando se trata de docentes no puede ser evaluado desconociendo la naturaleza de sus funciones y la calidad de los empleados, quienes poseen un régimen especial, según el inciso tercero del artículo 68 de la Carta Política, que reza:

 

“La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente”.

 

Si se califica o descalifica el desempeño docente sin atender lo dispuesto por la norma superior contenida en el inicio 3º del artículo 68 de la Carta Política, no sólo se obraría injustamente sino que se calificaría el todo (desempeño, competencias, idoneidad ética y pedagógica), estudiando una parte del asunto, (desempeño), con lo cual se desconocería la otra (competencias, idoneidad ética y pedagógica). Tampoco sería ajustado a la naturaleza de la profesión docente, medir los aspectos ético – pedagógicos y profesionales con los mismos métodos que se apliquen para los aspectos puramente laborales.

 

Por las razones expuestas se propone lo siguiente:

 

En el caso de los docentes la evaluación debe ser estudiada desde dos puntos de vista: 1) Ético-pedagógico y profesional, 2) laboral o del desempeño del empleo.

 

La evaluación ético-pedagógica y profesional tiene su soporte en el artículo 68 de la Carta Política. Dada la naturaleza de ella no debe tener consecuencias laborales negativas. Debe tener carácter formativo, lo que implica que podría ser realizada entre pares.

 

La evaluación laboral o del desempeño del empleo encuentra su soporte en el inciso cuarto del artículo 125 de la Carta Política. La naturaleza constitucional del asunto impone que el Congreso de la República expida una o varias leyes mediante las cuales determine los criterios a los cuales debe someterse la evaluación del desempeño en uno y otro sentido, dado que Colombia es un Estado social de derecho, lo que implica que la administración no puede proceder según su capricho o mediante su autorregulación sino mediante la ley, la que a su vez no podría remitirse a la discrecionalidad del funcionario, pues se estaría dado lugar a la imposición de los criterios personales o caprichosos de este.

 

 

4.2.           EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD ÉTICA Y PEDAGÓGICA

 

 

La evaluación de la idoneidad ética y pedagógica constituye una valoración de la pericia o aptitud de una persona para ser docente o directivo docente. Es una evaluación de competencias. Estas implican conocimientos, habilidades, actitudes y valores respecto del ejercicio pedagógico.  Ya se indicó que la ley hasta la fecha no ha desarrollado en lo pertinente el inciso 3º del artículo 68 de la Carta Política y que el artículo 119 de la Ley 115 de 1994 constituye apenas un desarrollo parcial. Por lo tanto, los planteamientos que incluyen a continuación, son puntos de vista para la discusión, buscando aportar a la construcción colectiva de un concepto de evaluación de la idoneidad ética y pedagógica adaptado a las condiciones de desarrollo económico y social del país y teniendo en cuenta las diferencias geográficas, culturales y étnicas presentes en Colombia.

 

A pesar de la delimitación de los campos que deberá comprender la evaluación de la idoneidad ética y pedagógica, el componente de subjetividad que incluye es muy alto, razón por la cual no debe tener consecuencias negativas sobre la estabilidad en el cargo. Aquel componente de subjetividad opera como un factor negativo respecto de las relaciones interpersonales del directivo docente con el personal bajo su mando. Para este efecto, no existen fórmulas únicas, sin embargo, se propone la evaluación entre pares, como alternativa.

 

Lo referente a la idoneidad ética y pedagógica, es un campo que implica una alta dosis de subjetividad, razón suficiente para que no conduzca a la descalificación,  pudiendo ser una evaluación de carácter formativa, realizada entre pares, a manera de seminarios de reflexión organizados en los diferentes ámbitos en los cuales se administra la educación: En cada institución educativa, en la localidad, en el ente territorial y en la Nación. Esta es quizá una de de las funciones que se le podría atribuir a los foros educativos. Las conclusiones en cada caso deben pasar a ser parte de los compromisos docentes de los asuntos a superar o evitar, sin consecuencias sobre la vinculación laboral.

 

La evaluación de la idoneidad ética y pedagógica, no tiene que reducirse a momentos únicos institucionales. Debe aprovecharse todo espacio y momento para hacerlo, sin entrar a ridiculizar al docente ni generar corrientes de opinión que descalifiquen al docente en la institución educativa. Esta es una labor constante y requiere excelente manejo de las relaciones interpersonales y siempre se debe basar en evidencias, a pesar de ser tan subjetiva.

 

En el aspecto laboral, la evaluación tiene oportunidad de valorar la responsabilidad del trabajo docente y directivo docente, dentro de la institución educativa. Ofrece un campo amplio donde es posible contar con evidencias, en torno a la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), tales como planeación del trabajo, la participación y cumplimiento de las actividades institucionales, la vinculación a la comunidad educativa, en cumplimiento del PEI, el cumplimiento de la jornada escolar y laboral, los horarios, el programa, entre otros asuntos, previamente establecidos.

 

Desde el aspecto laboral, en el caso de los docentes, la realización de evaluaciones del aprendizaje, merece un reconocimiento, sin que deba entrarse a valorar la calidad o defectos de aquellas, lo que podrá hacerse en la evaluación entre pares, donde siempre será necesario tratar, entre otras cosas, lo relativo a las estrategias pedagógicas apropiadas para la formación de los estudiantes.

 

 

CAPÍTULO 5

EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA: LÍMITES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS

 

 

El período de prueba es una de tantas evaluaciones a las cuales debe someterse el docente y el directivo docente.

 

 

5.1.           RADIOGRAFÍA DEL PERÍODO DE PRUEBA

 

 

El período de prueba tiene una estructura temporal, un contenido y unas consecuencias jurídicas.

 

 

 

5.2.           LÍMITE TEMPORAL.

 

 

En cuanto al tiempo, el período de prueba se debe cumplir en el término de un año y como mínimo en cuatro meses. Así lo establece el artículo 12 del Decreto Ley 1278 de 2002.

 

La oportunidad para realizar la evaluación del período de prueba es al finalizar el año lectivo siempre y cuando el docente o directivo docente haya trabajado por lo menos cuatro meses. Si este límite mínimo no se cumple, la evaluación se traslada al siguiente período académico (artículo 31, Decreto Ley 1278 de 2002).

 

 

 

 

 

 

 

5.3.           LÍMITE DEL CONTENIDO

 

 

En cuanto al contenido, la evaluación incluye desempeño y competencias, según se ha desarrollado en el capítulo anterior. La evaluación del período de prueba comprende el desempeño como docente o directivo docente y las competencias específicas, según la especialidad y naturaleza del cargo (artículo 31, Decreto Ley 1278 de 2002).

 

 

A pesar de lo anterior, la señora Ministra de Educación Nacional. Doctora Cecilia María Vélez White, expidió la resolución 2015 de 2005, mediante la cual reglamentó el período de prueba.

 

Esta disposición debe ser inaplicada por ser contraria a la Carta Política y la ley, ya que en Colombia únicamente el Presidente de la República puede reglamentar la ley, según el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, y la resolución mencionada fue expedida por la señora Ministra de Educación Nacional.

 

Por esa razón, La Federación Colombiana de Educadores, a través del suscrito, el 31 de octubre de 2005, presentó demanda contra la Resolución 2015 de 2005, la que se encuentra en trámite. El magistrado ponente es el Doctor ALBERTO ARANGO MANTILLA. El número de proceso es 11001032500020050023000, con el cual puede ser consultado por Internet. El número interno es 9863 -05.

 

 

5.4.           EL PERÍODO DE PRUEBA ES UN REQUISITO PARA TODA LA VIDA PROFESIONAL DE LOS NUEVOS DOCENTES

 

 

El período de prueba es una condición necesaria para la inscripción en el nuevo escalafón docente. Para ingresar al servicio estatal no es pre – requisito. (Artículo 2º del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Deberán superar satisfactoriamente el período de prueba los educadores que habiendo sido seleccionados mediante concurso aspiren a gozar de los derechos y garantías de la carrera docente, mediante la inscripción en el escalafón docente (artículos 18 y 22 del Decreto Ley 1278 de 2002). Si el docente aspira a ser ascendido deberá superar satisfactoriamente el período de prueba. (Artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Deberá superar el período de prueba el docente o directivo docente que aspire a inscribirse directamente en el grado dos o tres, sin haber estado inscrito en el grado uno. (Parágrafo del artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

El período de prueba es requisito indispensable para que el docente o directivo docente pueda ser ubicado en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico que acredite (inciso 2º del artículo 20 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Superar el período de prueba es requisito para asimilar en el nuevo escalafón a los docentes y directivos pertenecientes al régimen consagrado en el Decreto Ley 2277 de 1979, si así lo desean, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 65 del Decreto Ley 1278 de 2002.

 

El docente o directivo docente que sea destituido del cargo y excluido del Escalafón Docente por orden judicial o por fallo disciplinario, si desea reingresar al servicio oficial, entre otros requisitos, deberá superar el período de prueba (inciso 1º del artículo 25 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Si un educador es retirado del servicio por no superar la evaluación del período de prueba, podrá presentarse a concurso en la siguiente convocatoria y, en caso de ser nombrado, ingresará de nuevo a período de prueba (inciso 2º del artículo 25 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

El período de prueba es requisito para el docente o directivo docente que aspire a reingresar al servicio oficial después de haber sido retirado de este por no obtener calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño (inciso 3º del artículo 25 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

 

5.5.           CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL PERÍODO DE PRUEBA

 

 

La calificación del período de prueba será satisfactoria si se obtiene el 60% o más (artículo 31 del Decreto Ley 1278 de 2002). Las consecuencias jurídicas se señalan a continuación.

 

 Si el evaluado obtiene calificación satisfactoria, podrá ser inscrito en el Escalafón, con lo cual adquiere los derechos que le otorga la carrera, según el artículo 12 del Decreto Ley 1278 de 2002, en armonía con los artículos 12, 21 y 31 ibídem).

 

Los docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán retirados del servicio (artículo 31, Decreto Ley 1278 de 2002).

 

El directivo docente que no supere el período de prueba será retirado del cargo y del escalafón docente establecido en el Decreto ley 1278 de 2002, pudiendo ser regresado al cargo anterior si pertenece a la carrera docente establecida en el Decreto Ley 2277 de 1977 (inciso 4º del artículo 25 del Decreto Ley 1278 de 2002).

 

Quien no se presente a la evaluación del período de prueba sin justa causa, será retirado del servicio. Si proviene del servicio docente estatal será regresado al cargo docente anterior.

 

 

 

 

 

 

5.6.           CONCLUSIONES SOBRE EL PERÍODO DE PRUEBA

 

 

El directivo docente o la entidad territorial que efectúe u ordene la realización de cualquier tipo de evaluación a los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979 o evaluaciones institucionales con consecuencias negativas para los docentes, podría estar incurriendo en prevaricado por acción (artículo 413 del CP, que establece una pena de prisión que puede ser superior a los 10 años) y los correspondientes daños y perjuicios que pueden ser hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos con cargo al patrimonio particular del funcionario en razón de la acción de repetición contra aquel, cuyo comportamiento doloso produce el perjuicio al empleado, porque hay dolo cuando se realiza la conducta sabiendo que se obra contra la Carta Política, como en este caso. Lo anterior está regulado por el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001.

 

 

En el caso de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, la evaluación tanto del período de prueba como la evaluación del desempeño, tiene una base jurídica aunque muy cuestionada, según se ha indicado, entre otras razones:

 

 

1.     Por que la Resolución 2015 de 2005 sobre evaluación del período de prueba, fue expedida por el Ministerio de Educación Nacional y no por el Presidente de la República.

2.     Las normas superiores que establecen la evaluación del desempeño y, en general la evaluación docente y de la educación, fueron declaradas inexequibles. Es el caso del numeral 5.8 y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 715 de 2001. Estas disposiciones que deberían ser la fuente jurídica del Decreto Ley 1278 de 2002, fueron excluidas del ordenamiento jurídico.

 

 

CAPÍTULO 6

¿QUÉ DEBEN HACER LOS DOCENTES Y LOS DIRECTIVOS DOCENTES ANTE LA EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA?

 

 

Los docentes deben solicitar al Rector y al Secretario de educación de la entidad certificada la inaplicación de la Resolución 2015 de 2005.

 

Los rectores y los secretarios de educación, deben inaplicar la mencionada resolución, con lo cual evitan resultar vinculados a los daños que se causen a un docente por la aplicación de aquella disposición que es abiertamente contraria al ordenamiento jurídico vigente.

 

Si a pesar de lo anterior se realizara la evaluación del período de prueba, el docente debe estar atento e interponer oportunamente los recursos de reposición y apelación.

 

Tener presente que el acto administrativo que califica el período de prueba debe ser original, notificado personalmente y que es indispensable para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa ante una calificación insatisfactoria. También será necesario el recurso y la respuesta  a los recursos.

 

Para demandar aquellos actos, debe hacerse antes de cuatro meses, según el numeral 2 del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

 

 

CAPÍTULO 7

RECOMENDACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANUAL

 

 

 

Respecto de los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, en este momento no es posible realizar ningún tipo de evaluación. Tampoco es posible realizar evaluación de la educación, de las instituciones educativas y de las entidades territoriales, porque las normas legales que lo autorizan fueron retiradas del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional. Por esa razón, entre otras, se recomienda a los directivos docentes orientar la evaluación del desempeño docente hacia aspectos sustantivos formativos, tales como capacitación en razón de las dificultades o falencias detectadas, estímulo de los desempeños destacados, aplicación del régimen disciplinario a los actos de incumplimiento de deberes y prohibiciones y promoción de los ejercicios escriturales de los docentes y estudiantes, relacionados con el Proyecto educativo institucional.

 

En el caso de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, se ha expedido el Decreto 3782 de 2007 que reglamenta la evaluación del desempeño de este personal. Sin embargo, existen muchos argumentos jurídicos en contra de la legalidad de esa disposición, lo que permite sugerir a los rectores que no la apliquen o si lo hacen, que ningún docente o directivo docente resulte lesionado por ella, pudiendo acudir al proceso disciplinario cuando no hubiere más remedio.

 

 

 

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2008

 

C-182-08

 

 

 

Señor

SENÉN NIÑO AVENDAÑO

Presidente

LUIS EDUARDO VARELA

Secretario  General

Demás Miembros del Comité Ejecutivo

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES – FECODE –

 

 

 

           

                                                                                  Asunto: Jornada laboral docente

 

 

Apreciados señores:

 

De acuerdo con la solicitud por ustedes presentada en reunión anterior, me permito manifestar lo siguiente:

 

 

1.     Acción de nulidad contra el Decreto 1850 de 2002:

 

1.1.           La demanda.

 

El suscrito promovió ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad[1] contra el Decreto 1850 de 2002, la cual tuvo como objeto la declaratoria de nulidad en la medida que: i) la norma es aplicada indistintamente a todos los docentes oficiales, sin discriminar si se trate de aquellos vinculados con anterioridad o posterioridad a la expedición de la Ley 715 de 2001; ii) viola a la autonomía escolar, puesto que confiere al rector de los establecimientos educativos competencia para definir períodos de clases, jornada escolar, asignación académica, etc., lo cual desconoce el gobierno escolar; iii) viola el principio de autonomía de las entidades territoriales y el de descentralización, teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto 1850 otorgó al Gobierno Nacional competencia para modificar el calendario académico.

 

 

1.2.           La contestación de la demanda. Pronunciamiento del Ministerio de Educación Nacional:

 

Para efectos del presente escrito, conviene hacer alusión únicamente a los apartes que a continuación se enuncian:

 

“… la norma demandada es más benéfica al establecer una jornada máxima de cuarenta (40) horas a la semana distribuidas en seis (6) horas con dedicación exclusiva a la Institución Educativa, incluido el descanso; y las restantes, bien en el establecimiento o por fuera de él; según se acuerde con el Rector.

 

El Decreto acusado no establece que la duración de cada clase sea de sesenta (60) minutos, pues según su artículo 5º, la asignación académica es el tiempo que, distribuido en período de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaciones optativas, de conformidad con el plan de estudio”. (Negrillas fuera de texto)

 

1.3.           Concepto del Ministerio Público:

 

De lo dicho por el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado vale destacar que según su criterio los directivos docentes no fijan la jornada laboral o escolar de los docentes se les habilita para distribuir los horarios y las jornadas de los educadores para lo cual deben consultar la autonomía escolar y las costumbres culturales o de las regiones y ajustarse a parámetros de proporcionalidad y coherencia de modo que no afecte el norma y adecuado funcionamiento de las instituciones ni lesione los derechos de los educadores.

 

1.4.           La sentencia del Consejo de Estado:

 

El pasado 24 de julio de 2008 fue notificada la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado[2], que denegó la nulidad del Decreto 1850 de 2002. Si bien cada uno de los argumentos de la demanda fueron rebatidos, para el tema en concreto que no ocupa es oportuno resaltar que de acuerdo con las consideraciones de dicha Corporación las disposiciones (el Decreto 1850 de 2002) constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de autonomía escolar. (Negrillas mías)

 

1.4.1.     Implicaciones de la sentencia del Consejo de Estado:

 

·        Obligatoriedad de la sentencia. Fuerza vinculante de la ratio decidendi

 

Sin lugar a equívocos afirmamos que la ratio decidendi de una sentencia judicial tiene valor vinculante, en tanto aquella es precisamente la razón jurídica y fáctica que llevó al juez a adoptar una determinada decisión y en consecuencia es una parte inescindible de la misma, por lo tanto, de presentarse un punto oscuro al aplicar la norma demandada, se debe acudir a la razón de la decisión a fin de obtener claridad al respecto.

 

Efectuada así esta explicado, es impreciso sostener que el Decreto 1850 de 2002 otorgó competencias absolutas, exclusivas y excluyentes a los rectores o directores de establecimientos educativos para efectos de la fijación de la jornada escolar y la jornada laboral docente, en la medida que como el Consejo de Estado lo dispuso las disposiciones contenidas en el citado decreto constituyen lineamientos generales, que tiene por objeto orientar el ejercicio de las respectivas competencias, de tal suerte que la norma no debe ser entendida como promotora del despotismo por parte de los rectores y directores, por el contrario, la norma por su carácter esencialmente orientador, limita el ejercicio de las funciones de estos servidores públicos para evitar que se confunda lo discrecional con lo arbitrario.

 

Como si lo anterior fuera insuficiente, nótese que el Consejo de Estado acertadamente advirtió que el multicitado decreto tiene por objeto orientar el ejercicio de la autonomía escolar de los establecimientos públicos contenida en la Ley General de Educación, y ello es claro por cuanto el sistema piramidal de las normas legales exige que la de menor jerarquía se sujete a su superior, esto es, que el Decreto 1850 de 2002 se someta a lo establecido en la Ley 115 de 1994.

 

Así las cosas, fácil es concluir que para la definición del horario de la jornada escolar y de la jornada laboral docente, la fijación de los períodos de clase, la distribución de la asignación académica debe interactuar los demás estamentos de los centros educativos, entre ellos el gobierno escolar, dicho de otro modo, el rector de modo alguno puede relegar las competencias otorgadas a los establecimientos educativos. 

 

 

2.     Conclusiones:

 

De lo expuesto en el presente escrito podemos concluir lo siguiente:

 

2.1.           La jornada labora de los docentes tiene una duración máxima de cuarenta (40) horas semanales, así lo sostuvo el Ministerio de Educación en la contestación de la demanda.

 

Por consiguiente, mal puede un rector o director asignar actividades curriculares complementarias (tales como las contenidas en el artículo 9º del citado decreto) que implique extender la jornada laboral.

 

2.2.           La jornada laboral de los docentes tiene una duración mínima 30 horas semanales, y mínima de 8 horas diarias, distribuidas así:

 

i)       mínimo 6 horas diarias para el cumplimiento de la asignación académica y ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo; y

 

ii)     mínimo 2 horas diarias para la ejecución de actividades curriculares complementarias fuera o dentro del establecimiento educativo. A nuestro juicio es recomendable que estas actividades se desarrollen fuera de la institución con el fin de no cargar el ambiente laboral y así evitar estrés en el trabajo. El rector puede solicitar un informe mensual de la dedicación del tiempo comprendido fuera de la institución.

 

2.3.           La jornada laboral docente rige indistintamente para los docentes de preescolar, primaria y secundaria y media.

 

2.4.           El tiempo de la asignación académica de cada docente será de 22 horas semanales.

 

2.5.           La jornada escolar tendrá mínimo la siguiente intensidad:

 

i)   Preescolar                                        20 horas semanales            4 horas diarias

ii)  Básica primaria                               25 horas semanales            5 horas diarias

iii) Básica secundaria y media            30 horas semanales            6 horas diarias

 

2.6.           El Decreto acusado no establece que la duración de cada clase sea de sesenta (60) minutos, pues según su artículo 5º, la asignación académica es el tiempo que, distribuido en período de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el plan de estudios, así lo sostuvo el Ministerio de Educación Nacional en la contestación de la demanda.

 

2.7.           El tiempo dedicado al recreo o descanso está incluido en las 6 horas diarias que como mínimo debe permanecer el docente en el establecimiento educativo.

 

2.8.           No obstante dicho período no está incluido en el número de horas de asignación académica.

 

2.9.           De suma importante resulta resaltar que de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, todos los servidores públicos tienen el deber de cumplir las decisiones judiciales, que como quedo visto en líneas anteriores ello no solo cobija la decisión propiamente dicha, sino aquellas razones fácticas y jurídicas que llevaron al juzgador a adoptar alguna decisión, por tanto se insiste que el Decreto 1850 de 2002 debe ser entendido como una disposición que constituye lineamientos generales y orientadores para el ejercicio de las respectivas competencias.

 

Cordialmente,

 

 

JORGE H. VALERO RODRÍGUEZ

 

 

 

Bogotá D.C., 5 de julio de 2007 

 

 

 

Señor Presidente

Witney Chavez

Y demás miembros del Comité Ejecutivo

Federación Colombiana de Educadores – FECODE –

Ciudad.

 

 

 

Asunto: Mesada 14 para docentes oficiales.

 

 

 

Apreciado doctor:

 

El artículo 48 de la Constitución Política fue adicionado mediante el Acto Legislativo 01 de 2005. El inciso 1º del artículo 1º de esta disposición ordenó que:

“Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrá recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

Más adelante, el parágrafo transitorio 6º dispuso:

“Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8º del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año”.

A partir de la lectura de estos apartes, sin lugar a la menor duda se llega a las conclusiones que ha expresado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así: i) los docentes oficiales a quienes se les cause la pensión a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 y si esta es superior a 3 salarios mínimos legales mensuales, no tienen derecho al pago de la mesada 14; y ii) a partir del año 2011 todos los docentes oficiales perderán la mesada 14, sin importar si esta es inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales.

Sin embargo, en atención a los planteamientos que a continuación se presentan, tal afirmación es incorrecta, en consecuencia, cualquier acto administrativos que se produzca en ese sentido adolece de nulidad.

• En primer lugar, no es desconocido que cualquier interpretación del derecho se debe sujetar, no a lecturas sesgadas del ordenamiento normativo jurídico, sino por el contrario, este debe ser analizado en su integridad, es decir, revisar todo el conjunto que lo compone, y ello obedece, entre otras cosas, a una razón muy elemental, la cual es que el Estado colombiano se encuentra organizado dentro de una estructura unitaria, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1º de la Constitución Política.

Así las cosas, y al estudiar el texto completo del artículo 48 Superior, encontramos que este establece unas pautas, que nos permite contrariar el argumento del Fondo, de tal suerte nuestra conclusión será que los docentes oficiales a quienes se les causó la pensión antes de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, tienen derecho a seguir percibiendo las mesadas adicionales en los términos que la ley había establecido, máxime si tenemos en cuenta que el contenido del parágrafo 1º transitorio ibídem, que establece:

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta”. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del sistema general de pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

Ahora bien, el inciso inicial de la norma señala que [E]l Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo (…)

A su turno, el inciso 4º ibídem indica que [E]n materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

Esto encuentra plena consonancia en el artículo 53 y 58 de la Carta Política, el primero, contiene los principios mínimos fundamentales del trabajo, de los cuales podemos destacar que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores; el segundo, garantiza los derechos adquiridos con arreglo a las leyes, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Los anteriores preceptos constitucionales, nos conducen indiscutiblemente a abordar la figura de los derechos adquiridos, que han sido ampliamente estudiados por la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera. Así las cosas traeremos en seguida, algunos comentarios muy sucintos sobre la materia.

1. Los derechos adquiridos. Aspecto doctrinal.

Este fenómeno ha sido objeto de estudio por diversos tratadistas en el campo del derecho civil, quienes al abordar el tema de la aplicación de las normas en el tiempo, han tenido forzosamente que hacer mención a ellos.

El principio de la irretroactividad, surge con ocasión a algunas inquietudes, como las propuestas por el jurista Bonnecase[1], quien se cuestionaba si cuando una norma es puesta en vigor, ¿cuál será su punto de partida? ¿será su entrada en vigor material? O al contrario, ¿es susceptible la ley de remontarse en el pasado y de aplicarse a relaciones de derecho o situaciones jurídicas preexistentes, es decir, nacidas bajo el imperio de la ley anterior?  Esta es la cuestión de la retroactividad o de la no retroactividad de las leyes.

Dicho en otras palabras, para desarrollar este principio, se torna indispensable tener en cuenta estas tres hipótesis: 

i) Actos o hechos jurídicos definitivamente cumplidos, con todos sus efectos, bajo el imperio de la ley antigua;

ii) Actos o hechos que no habían comenzado bajo el imperio de la ley antigua y que por lo tanto se cumple íntegramente bajo el imperio de la ley nueva;

iii)  Actos o hechos jurídicos ejecutados bajo el imperio de la ley antigua pero que producen consecuencias bajo el imperio de la ley nueva.

Para resolver tales cuestionamientos, los civilistas han formulado la doctrina en la que distinguen los derechos adquiridos de las simples o meras expectativas, señalando que contra el derecho adquirido el nuevo precepto no puede nada; su fuerza expira allí donde encuentra un derecho verdadero, consagrado por la antigua norma bajo cuyo imperio ha nacido.

Destacados tratadistas como los hermanos Mazeaud, al aproximarse al tema en cuestión, han explicado que el derecho adquirido es un derecho que ha entrado definitivamente en un patrimonio, o una situación jurídica creada definitivamente, subrayando que los derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una ley nueva; ésta no podría privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo.[2]

Los jurisconsultos han aprovechado este fenómeno para afirmar que los derechos adquiridos son situaciones concretas, las que son clasificadas como la manera de ser derivada para una persona determinada de un acto jurídico o de un hecho jurídico que ha puesto en juego, las reglas de una institución jurídica y le ha conferido efectivamente los beneficios y las obligaciones inherentes al funcionamiento de tal institución.

Lo que caracteriza a la situación jurídica concreta es que revestida de una realidad positiva.[3]

A juicio del civilista Fiore, quien interpreta el derecho adquirido  como el derecho perfecto, aquel que se debe tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir dicho derecho.[4]

Para resumir la cuestión, podemos afirmar sin lugar a equívocos, tal como lo han sostenido Luis Claro Solar y Jorge Valencia Arango[5], que los derechos adquiridos deben ser entendidos como las facultades legales ejercidas.

2. Derechos adquiridos. Criterio de la Corte Constitucional.

En la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha sostenido que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción.

 

Se está en presencia de un derecho adquirido cuando el texto legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en favor o en contra de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva.

 

De igual modo, por derechos adquiridos, ha dicho esta Corporación que se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que normas posteriores pretendan regularlos nuevamente.

 

Es claro que las normas surten efectos hacia el futuro, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación ´antigua` no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia.

 

Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina coinciden en afirmar que los derechos adquiridos son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la norma nueva no los puede lesionar o desconocer.

 

En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege.[6]

De otra parte, como lo indicamos al inicio del texto, uno de los principios mínimos fundamentales que rige el trabajo, es el de la condición más beneficiosa, por lo tanto, traeremos a colación los siguientes comentarios:

3.      Condición más beneficiosa. Principio mínimo fundamental.

Según el tratadista Américo Plá Rodríguez, quien expone su criterio en la obra titulada “Los principios del derecho del trabajo”11, explica que para configurar el principio de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que ella debe ser respetada en la medida que ser más favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse, lo que indica que cada norma establece un mínimo de protección.  En consecuencia, las normas sirven para mejorar pero no para empeorar la situación del trabajador, ya que si el trabajador en algún aspecto disfruta de un nivel de protección superior al que quiere brindarle la norma, ésta resulta inoperante, no roza la situación del trabajador.

Con similar concepto se refiere el profesor Manuel Alonso García sobre este tema al señalar que este principio supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y la cual queda respetada precisamente en función del juego que presta la aplicación de la norma más favorable, sentido preferencial que opera, en general, en las relaciones contrapuestas.12

 

Para el maestro Antonio Ojeda la condición más beneficiosa significa el mantenimiento de la situación alcanzada en gracia de una norma o negocio jurídico, posteriormente sustituido por otra norma o negocio peyorativos del mismo rango, la conservación de los tratamientos obtenidos por la aplicación de normatividad anterior si son más beneficiosos  o no se contemplan por la normatividad sustituyente.13

 

De acuerdo con la concepción del profesor Francisco Escobar este principio implica que, por lo común, las fuentes de producción normativa laboral carecen de virtualidad para desmejorar la situación jurídica del trabajador.

 

En otros términos, las normas laborales nuevas derogan las precedentes siempre y cuando signifiquen un beneficio para el empleado al que deban aplicarse, con respecto al régimen que éste venía disfrutando.

 

El artículo 53 inciso final de la Constitución Política no permite dubitaciones, en nuestro sentir, con relación a que la condición más beneficiosa debe entenderse que comporta que una ley laboral, por principio, no puede ser derogada con referencia a los trabajadores  que se encontraren sujetos a su régimen, sino en el evento de que la nueva ley resulte ser favorables a éstos.14

 

Para concluir, y teniendo en cuenta que el beneficio de la mesada adicional, que se creó con el fin de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para aquellas personas que, como los pensionados, en virtud de su situación y posición en la sociedad, requieren de una atención especial por parte del Estado,  es fácil afirmar que a los docentes oficiales a quienes se les causó la pensión antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tienen derecho a seguir percibiendo la mesada 14, también aquello a quienes, a pesar de causárseles con posterioridad a la fecha en que empezó a regir el mencionado acto, se hay vinculado al servicio oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003.

Valga hacer dos aclaraciones, la primera, se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, de conformidad con lo estatuido en el aparte final del inciso 8 del artículo 1º del Acto citado.

En segundo lugar, la mesada 14 es aplicable a todos los pensionados, sin importar si el monto de la pensión excede los 3 salarios mínimos mensuales legales, en virtud de que ella es un derecho adquirido con arreglo a la ley, tal como lo dispone el inciso 1º del artículo en mención. En este punto, tendremos que detenernos para estudiar el régimen pensional de los docentes oficiales.

Sobre el particular, es obligatorio hacer mención al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que regula la pensión de estos empleados, en los siguientes términos:

“Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

 

(…)

 

Esto significa que actualmente se encuentran vigentes dos regímenes para los docentes estatales, por una parte, aquel que impera para aquellos docentes, nacionales, nacionalizados y territoriales que se vincularon con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia la Ley 812 de 2003; y de otra parte, aquel que rige para aquellos docentes que se han vinculado a partir del 28 de junio de 2003.

 

Sobre los primeros las leyes que gobiernan el tema pensional es el establecido en la Ley 91 de 1989 y las normas que la antecedieron, como la Ley 6ª de 1945 y 33 de 1985. Para el caso de los maestros vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, le son aplicables las normas relacionadas con el régimen de prima media que establece la Ley 100 de 1993.

 

Así pues, la norma trascrita respeta los derechos adquiridos, en el sentido de que conserva el régimen prestacional de los docentes oficiales que se hubieran vinculado con anterioridad a su vigencia, es decir, guarda el principio de irretroactividad de la ley. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003, al señalar que en materia pensional, “se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores”, perpetua los derechos adquiridos, como lo sería en el presente asunto, la mesada 14. En suma, estas disposiciones son una razón adicional para reafirmar nuestra posición, que los docentes del sector público, deben seguir percibiendo esta prestación.

 

Aunado a lo anterior, si el docente que fue vinculado a la educación estatal, antes del 27 de junio de 2003, y su pensión se causa, o dicho de otro modo, reúne los requisitos para pensionarse después del 31 de julio de 2011, tiene derecho a percibir en el período correspondiente la mesada 14.

 

En resumen, gracias al parágrafo 1º transitorio del AL 01, los docentes que hayan ingresado al servicio oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003 quedan exceptuados de la aplicación de los demás apartes de la reforma pensional, y en consecuencia seguirán siendo beneficiarios de las normas expedidas con anterioridad a la Ley 812 de 2003, en virtud a que la pensión si se causó con anterioridad al Acto legislativo es un derecho adquirido; así como lo es el régimen con el cual el docente se pretende pensionar con posterioridad del mencionado acto, máxime si la norma así lo contempla al señalar que “el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta”.

 

Para concluir, ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica, la confianza legitima y asegurar la protección del orden social, no podemos patrocinar el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones. De este modo, la interpretación que hace el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio afecta situaciones jurídicas que han quedado debidamente consolidadas, contrariando estos postulado, que se resumen, como lo hemos visto, en el fenómeno de los derechos adquiridos, por el cual cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes, los derechos derivados de ella resultan intangibles e incólumes.

 

Atentamente,

 

 

JORGE H. VALERO RODRIGUEZ

 

 

 

ASOCIACION NACIONAL DE DOCENTES DIRECTIVOS DE LA EDUCACION OFICIAL COLOMBIANA

Personería Jurídica Resolución Nº 718 del 23 de diciembre de 1993 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dirección: Calle 60 Nº 49 -37 Medellín - Tel: (054) 284 43 41 (056) 884 62 51 – Manizales – E - mail asodic@gmail.com

 

 

La Asamblea General de la ASOCIACION NACIONAL DE DOCENTES DIRECTIVOS DE LA EDUCACION OFICIAL COLOMBIANA “ASODIC”, reunida en Armenia (Quindío), del 09 al 12 de septiembre de 2008, en el marco del 13º  Encuentro Nacional, y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

1.     Que la calidad de la gestión escolar realizada bajo la orientación directa del directivo docente está vinculada a los ambientes en los cuales ocurre la relación pedagógica.

2.     Hace parte de aquellos ambientes, las relaciones interpersonales y laborales.

3.     Las buenas relaciones en los espacios escolares se han visto afectadas negativamente por las diferentes interpretaciones realizadas al Decreto 1850 de 2002, por las secretarías de educación, interpretaciones que no corresponden al texto ni al contexto de la norma mencionada.

4.     El Decreto 1850 de 2002 no reguló el descanso pedagógico y no existe noirma legal vigente sobre la materia.

5.     De lo anterior se deduce que el descanso pedagógico es una creación de la pedagogía y no de la ley, siendo de aceptación universal, como parte de la jornada escolar.

6.     La permanencia de los docentes en las instituciones educativas es de seis (6) horas, las cuales deben ser dedicadas a las actividades académicas corresopondiente a la asignación académica de cada docente y para dirigir los talleres en los casos de ausencias de docentes. Las dos (2) horas restantes de la jornada laboral se dedicarán a actividades complementarias (artículo 11 del Decreto Nacional 1850 de 2002), las cuales podrán ser fuera o dentro de la institución, según la planeación que se realice al respecto. En ningún caso se podrá asignar más de 22 períodos de clase.

7.     Que ante las presiones ejercidas por las secretaría de educación y en ocasiones por algunos alcaldes para que se apliquen interpretaciones del Decreto 1850 de 2002, según las cuales el descanso pedagógico debe adicionarse a las seis (6) horas de permanencia del docente en la institución educativa, algunos rectores han cedido y han aumentado en media hora aquella permanencia.

8.     Que el Decreto 1850 de 2002 establece en el artículo 3º que la asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios. Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos.

9.     Tanto lo relacionado con la seis (6) horas de permanencia del docente como el tiempo dedicado al descanso pedagógico, han merecido la atención del Ministerio de Educación Nacional, quien ha reconocido los hechos mencionados (Numeral 5 de la Directiva Nº 003 del 26 de marzo de 2003, expedida por el MEN).

10. Que las consecuencias jurídicas de las referidas interpretaciones afectan la calidad de la educación, en la medida en que alteran las bases jurídicas de las relaciones laborales en los aspectos de permanencia en la institución, descanso pedagógico y jornada laboral.

11. Que el Ministerio de Educación Nacional reconoció ante el Consejo de Estado lo dicho hasta aquí (expedientes acumulados: 110001 – 03 – 24 – 000 – 2002 – 00338 – 01 – y: 110001 – 03 – 24 – 000 – 2002 – 00271 – 01 – y: 110001 – 03 – 24 – 000 – 2003 – 00024 – 01), en los folios 131 – 132).

 

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º. Orientar a los rectores la aplicación de seis (6) horas de permanencia en la institución educativa por parte de los docentes, incluyendo el descanso pedagógico, lo que implica adoptar los correspondientes períodos de clase, los cuales no tendrán que ser necesariamente de sesenta minutos.

ARTÍCULO 2º. En ningún caso se podrá asignar al docente más de 22 períodos de clase en básica secundaria y media, 25 en primaria y 20 en educación preescolar, por semana.

ARTÍCULO 3º. . Comunicar esta decisión al Ministerio de Educación Nacional, a los alcaldes, a las secretarías de educación y a todos los rectores del país.

 

Publíquese y cúmplase.

 

JAIME ALBERTO CARDONA MONTOYA              ANTONIO DAVID SILVA CALAD

Presidente                                                                           Secretario

 

 

Señores:

COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE

Ciudad.

 

Apreciados colegas:

 

Atendiendo a lo resuelto en la última reunión del COMITÉ EJECUTIVO de FECODE para procurar unos CRITERIOS ORIENTADORES PARA EL MAGISTERIO DE  LA FEDERACION COLOMBIANA DE EDUCADORES, SOBRE LA APLICACION DEL DECRETO 1850 DE 2.002, EN RELACION CON LA JORNADA ESCOLAR, me permito resumir nuestra posición en los siguientes puntos:

 

El Fallo del Consejo de Estado, sobre la legalidad del Decreto 1850 de 2.002, si bien deja vigente dicha norma, hace algunas precisiones centrales  que junto con otros análisis, resumimos en los siguientes puntos, a manera de criterios orientadores:

 

1.      El sentido conceptual de la norma que fija la jornada escolar es la flexibilización en la fijación del calendario escolar que no sólo permite, sino impone como criterio la CONCERTACION, como criterio pedagógico, ya que el artículo 11 del Decreto 1850 de 2.000, señala claramente que “El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el Rector o director de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º., del presente Decreto…” Se concluye que para completar el tiempo restante de las seis (6) horas de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa, actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 9 del Decreto como actividades curriculares complementarias. (examinar artículos 7 y 9 del 1850).

 

2.      FECODE Y ASODIC, orientan de manera expresa al magisterio, a los rectores y directores la aplicación unificada del criterio antes descrito, incluyendo dentro de la jornada escolar el DESCANSO PEDAGOGICO, que es una creación de la pedagogía y no de la Ley, siendo aceptado universalmente como parte de la jornada escolar.

    

3.      El debate de fondo en este asunto, es definir si la presencia  obligada de los docentes en la institución por más tiempo, en verdad contribuye a mejorar la calidad de la educación o por el contrario, la imposición de la jornada es un requisito de permanencia, que en nada contribuye a la cualificación del magisterio, porque no existe concertación  sino imposición por parte de los directivos docentes, sobre la aplicación práctica de la norma.

 

4.      Es muy importante resaltar el concepto del Ministerio público ( Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado)  que en el trámite de las demandas de nulidad y  respecto del alcance de  la facultad otorgada a los directivos docentes y que es retomado en la RATIO DECIDENDI del texto de la Sentencia, hace la siguiente precisión:

 

 

“… Los directivos docentes no fijan la jornada laboral de los docentes sino que se les habilita para distribuir horarios y las jornadas para lo cual debe consultar la autonomía escolar y las costumbres culturales o de las regiones y ajustarse a parámetros de proporcionalidad y coherencia de modo que  no afecte el normal y adecuado funcionamiento de las instituciones educativas , ni lesiones los derechos de los educadores…”  

 

 

5.      Aquí está la esencia del problema, la fijación de jornada laboral no es competencia de los Rectores, sino la distribución de los horarios y la jornada académica en ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 10 de la Ley 715 de 2.001 y el artículo 11 del Decreto 1850 de 2.002.

 

 

6.      La interpretación acomodaticia de la aplicación del Decreto 1850 de 2.002,   ha generado un conflicto grave que conspira contra la autonomía escolar, afectando el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas y lesionando los derechos de los educadores. Para examinar un solo ejemplo, en el Departamento del HUILA, la oficina de control interno disciplinario, ha llegado al absurdo de tramitar a petición de un Rector, un proceso disciplinario contra decenas de educadores, con el mañoso argumento de que los educadores tienen un déficit diario de 5 minutos con la jornada escolar porque están contando el recreo dentro de la misma, y eso es causal de mala conducta.

 

 

7.      Al respecto existe meridiana claridad y por ello luce absurda la anterior conclusión en cuanto el propio Ministerio de Educación Nacional al contestar la demanda de Nulidad interpuestas ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1850 de 2.002,  según  la cita que se hace el fallador en la sentencia (página 14), señala de manera inequívoca: “… La norma demandada es más benéfica al establecer una jornada máxima de cuarenta horas a la semana distribuidas en seis (6) horas con dedicación exclusiva a la Institución Educativa, incluido el descanso… “ El Decreto acusado, no establece que la duración de cada clase sea de sesenta (60) minutos , pues según el artículo 5, la asignación académica es el tiempo distribuido en periodos de clase que dedica el docente a la atención directa de los estudiantes y las asignaturas optativas (léase complementarias), de conformidad con el plan de estudios…”. (pagina 14 de la sentencia). Con esta posición del demandado Ministerio de Educación Nacional, fijada en desarrollo de un proceso y ante una autoridad judicial, criterio además es citado en el texto de la sentencia (ratio decidendi), el debate ha sido superado de manera contundente.  

 

8.      En adelante el centro del debate no debe traducirse en que la norma impuso el aumento de la jornada laboral y que por esa circunstancia hay derecho a una sobre remuneración, como pregonan algunos colegas, sino que el magisterio debe reivindicar que los salarios de los educadores son precarios para el nivel de compromiso y  de estrés que se maneja con un grupo promedio de 45 alumnos por maestro. Las cifras más conservadoras de la UNESCO, señalan que en Colombia el promedio de alumnos por maestro es de 39.  

 

 

9.      Para el profesor CESAR AUGUSTO ROA, Director del Centro de Docencia de la Universidad Industrial de Santander, señala que el pretendido aumento formal de la jornada “no se ajusta a la realidad, ni a las condiciones en que laboran los maestros Colombianos…” Señala además que “hay que mirar patologías mentales que empiezan a ser diagnosticadas y los problemas de salud que están presentando los maestros. Eso es una manifestación del clima laboral en que están “. Y remata señalando: “ Un educador en Colombia se gana el  5% del salario de un parlamentario y sin duda un educador le aporta más al país que un político”.

 

 

10.  Sobre el discurso oficial de que la jornada del maestro no puede ser inferior a la del resto de servidores públicos, es importante resaltar que en una investigación del año 2007, adelantada por el PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PREAL), indica que en todo el mundo, si existe una diferencia entre el número de horas efectivas que trabaja un maestro respecto del número que trabaja otro profesional. Es decir que la diferencia es razonable y concluye que  América Latina, está ubicada en el 12% menos, en promedio, encontrándose Colombia en ese promedio.

Consideramos muy importante que el instructivo sea suscrito por FECODE Y ASODIC, en cuanto la organización  de directivos docentes ya fijó  una posición favorable al magisterio Colombiano.

 

Con lo anterior consideramos que estos criterios se imponen y que en adelante los directivos docentes y los educadores en todo el país, no deben tener dudas sobre la superación de este conflicto laboral por la vía  de la concertación, tal como lo dispone el artículo 55 de la carta fundamental que impone

 

 

 

Atentamente;

 

 

 

 

FELIX BONILLA BOHORQUEZ.

Integrante del equipo Jurídico de FECODE.

                                                          

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de 2007

Referencia: Régimen pensional de los docentes estatales. Causación de pensiones y mesada adicional del mes de junio, en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005.